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MinTrabajo archiva investigación contra David Racero y descarta sanciones laborales
Concluyó que no existen pruebas suficientes para abrir un proceso sancionatorio por las presuntas irregularidades en la contratación de personal en un negocio familiar del congresista
El Ministerio del Trabajo decidió archivar la investigación preliminar que adelantaba contra David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, por presuntas irregularidades laborales relacionadas con un negocio familiar tipo fruver que operó en Bogotá. La Dirección Territorial de Bogotá determinó cerrar el expediente y no iniciar un procedimiento sancionatorio, decisión que fue adoptada en un lapso corto frente a los tiempos habituales para este tipo de procesos.
El caso se originó a partir de audios filtrados por el periodista Daniel Coronell, en los que se ofrecía una vacante laboral presuntamente sin prestaciones sociales y bajo jornadas superiores a las establecidas por la ley. El 27 de mayo de 2025, el Ministerio abrió una indagación preliminar y, una semana más tarde, solicitó a Racero información detallada sobre el funcionamiento del establecimiento.
En su respuesta ante la inspectora del trabajo, el congresista explicó que el fruver operó entre 2020 y abril de 2021 y fue liquidado por inviabilidad económica. También puso en duda la autenticidad de los audios que motivaron la investigación, asegurando que su origen y contenido están “en revisión judicial”, al considerar que se utilizaron con fines políticos que comprometen su seguridad e intimidad.
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Racero reconoció que el negocio nunca fue registrado con un NIT y atribuyó esta falta de formalización a su corta duración y a los recursos limitados. Añadió que la contratación del personal se realizaba mediante acuerdos verbales y que los empleados vinculados ya trabajaban con el antiguo propietario, sin que él hubiera asumido directamente la administración.
Tras analizar los elementos recopilados, el Ministerio del Trabajo concluyó que no eran verificables las presuntas infracciones laborales, debido a la ausencia de pruebas que permitieran identificar a los responsables o establecer con claridad cómo operaba el establecimiento. En consecuencia, determinó archivar la actuación y no avanzar hacia un proceso sancionatorio.
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