Nombran como asesora del Ministerio del Interior a exempleada de firma relacionada con Centros Poblados

Una nueva funcionaria fue incorporada recientemente al Ministerio del Interior. Se trata de Karin Stefania Pupo Benito Revollo, quien asumió el cargo de asesora grado 11 en el despacho del ministro Armando Benedetti.

Su designación fue formalizada mediante resolución oficial del Gobierno Nacional el martes 25 de marzo, según información divulgada por la revista Cambio.

Pupo Benito Revollo figura en registros anteriores como representante legal suplente de la firma ICM Ingenieros S. A. S., una de las empresas que integraron la Unión Temporal Centros Poblados, grupo empresarial que obtuvo en 2020 un contrato con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para llevar conectividad a instituciones educativas rurales del país.

Esta iniciativa, desarrollada durante el mandato del expresidente Iván Duque, tenía como propósito instalar puntos de acceso a internet en más de 15.000 escuelas ubicadas en regiones de difícil acceso.

El proyecto fue objeto de investigaciones posteriores luego de que se detectaran múltiples irregularidades en su ejecución. Se estableció que la unión temporal presentó documentos falsos, entre ellos pólizas bancarias no legítimas, para acreditar su idoneidad técnica y financiera ante el Ministerio.

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Estas maniobras permitieron la adjudicación del contrato, el cual, sin embargo, no llegó a ejecutarse conforme a los términos pactados. Como resultado, no se concretó la instalación del servicio de internet en las zonas previstas, lo que generó un perjuicio económico estimado en más de 70.000 millones de pesos para el Estado colombiano.

ICM Ingenieros, empresa en la que laboró Pupo Benito Revollo, tuvo una participación del 35 % en dicha unión temporal. Esta compañía fue fundada por el exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, quien posteriormente fue condenado por actos de corrupción relacionados con contratación pública.

Según informes de prensa, ICM amplió su objeto social para participar en licitaciones del sector de infraestructura tecnológica y así acceder al contrato con el MinTIC.

La empresa ha sido señalada por presuntamente haber presentado pólizas falsas del Banco Itaú con el fin de respaldar su participación en el consorcio.

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, Karin Pupo Benito Revollo presentó su renuncia a su cargo como representante legal suplente de ICM en agosto de 2021, en un contexto en el que ya se conocía públicamente la magnitud del escándalo que rodeaba a Centros Poblados.

Información adicional recopilada señala que Pupo Benito Revollo estuvo casada con Rafael Enrique Romero Payares, quien ejerció como representante legal de Omega Buildings Constructora, otra firma que hizo parte de la Unión Temporal Centros Poblados con una participación del 15 %. A esta empresa también se le atribuye la utilización de pólizas sin validez legal en el marco del mismo contrato estatal.

Durante el periodo en que se desarrolló la investigación por el caso Centros Poblados, la actual asesora del Ministerio del Interior visitó en al menos 30 ocasiones las oficinas de Emilio Tapia, uno de los principales implicados en el entramado de corrupción, quien adquirió en 2020 la firma a través de la cual se realizó la intervención en el contrato adjudicado por el MinTIC.

Pupo Benito Revollo es hija de Muriel Benito Revollo, exrepresentante a la Cámara por el departamento de Sucre. Esta última fue condenada por concierto para delinquir, luego de que se estableciera que tuvo vínculos con el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido con el alias de “Jorge 40”, comandante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Al respecto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, no ofreció declaraciones sobre las razones que motivaron el nombramiento de la funcionaria.

No obstante, una fuente del alto Gobierno indicó que sobre Pupo Benito Revollo no pesan actualmente investigaciones penales ni disciplinarias, ni por su antigua relación con ICM Ingenieros ni por otros hechos relacionados con actos de corrupción.

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