Petro aclara que propuesta de Constituyente no coincidirá con época electoral

El presidente Gustavo Petro afirmó que su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente no se desarrollará durante el actual calendario electoral y que su eventual trámite se dará una vez concluido el proceso de elección presidencial y legislativa.

El pronunciamiento fue realizado a través de su cuenta en la red social X, en respuesta a comentarios del exnegociador de paz Humberto de la Calle, en medio del debate público generado por la iniciativa planteada por el mandatario.

Según explicó Petro, el proceso apenas comienza con la recolección de firmas ciudadanas, etapa que tendrá una duración aproximada de tres meses. Posteriormente, la propuesta será presentada después del 20 de julio de 2026 ante el nuevo Congreso de la República, elegido en marzo del mismo año.

El jefe de Estado precisó que para ese momento ya se habrá definido la nueva Presidencia de la República, por lo que, de ser aprobada la iniciativa por el Congreso y la Corte Constitucional, la convocatoria de la Constituyente no interferiría con las elecciones en curso.

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Petro detalló que, en caso de avanzar, la Asamblea tendría una duración máxima de tres meses y que incluso podría coincidir con el receso del nuevo Congreso, con el fin de no afectar su funcionamiento legislativo.

En cuanto a los objetivos de la propuesta, el mandatario señaló que la Constituyente buscaría destrabar reformas que no han sido aprobadas en el Congreso durante las últimas décadas, entre ellas las relacionadas con el sistema pensional, la salud, la reforma agraria y la respuesta institucional frente a la crisis climática.

El presidente sostuvo que los temas a discutir ya están contemplados en el proyecto de ley que se sometería a la firma de la ciudadanía, y que corresponderá a las nuevas instancias democráticas evaluar su viabilidad jurídica y política.

Las declaraciones se dan en un contexto de debate nacional sobre los alcances y la pertinencia de una Asamblea Constituyente, mientras distintos sectores políticos y jurídicos analizan las implicaciones del anuncio presidencial.

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