Petro defiende eliminación de títulos académicos para nombrar embajadores

El presidente Gustavo Petro justificó públicamente un proyecto normativo elaborado por su administración que modifica los requisitos exigidos para designar a embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, así como a cónsules generales centrales, cargos que históricamente han estado sujetos a criterios de formación académica, trayectoria laboral y dominio de idiomas.

A través de mensajes divulgados en la red social X, el mandatario defendió el alcance del borrador de decreto, señalando que en una república democrática como la colombiana, los parámetros de acceso a funciones públicas deben garantizar condiciones de igualdad frente a lo que calificó como estructuras institucionales elitistas.

El texto que dio origen al debate modifica el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1083 de 2015, en el cual se establecían los criterios generales para ocupar estos cargos mediante libre nombramiento y remoción.

Según lo planteado por el nuevo borrador, el único requisito vigente para aspirar a esos cargos será ser colombiano de nacimiento, en ejercicio pleno de la ciudadanía, y tener más de veinticinco años.

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Lo anterior implica la eliminación formal de exigencias relacionadas con estudios universitarios, experiencia laboral en áreas afines o preparación específica en asuntos internacionales.

El presidente argumentó que esta flexibilización se corresponde con los requisitos que actualmente rigen para ejercer como ministro del despacho, los cuales tampoco contemplan exigencias académicas.

En este sentido, afirmó que, en su criterio, no puede haber una diferenciación entre quienes representan al país en el interior del territorio y quienes lo hacen en el exterior.

La postura fue reafirmada en respuesta a cuestionamientos planteados por la periodista Juanita Gómez, quien señaló que la iniciativa implicaba desincentivar el mérito y reducir el servicio diplomático a una función discrecional ajena a criterios técnicos.

La propuesta del Ejecutivo no fue sorpresiva para algunos sectores que han seguido con detenimiento la evolución del discurso gubernamental sobre el acceso a la carrera diplomática.

En una sesión televisada del consejo de ministros realizada en junio de 2025, el presidente había expresado directamente a la Cancillería su inconformidad con las barreras que, según su análisis, dificultaban el nombramiento de embajadores provenientes de sectores populares.

En esa intervención, el mandatario manifestó que cualquier ciudadano, incluyendo hijos de obreros, debía poder representar al país en el extranjero, sin que la ausencia de títulos universitarios impidiera dicho acceso. En esa misma declaración, calificó la reforma como parte del “Gobierno del cambio”.

En su explicación, el jefe de Estado recordó que la Constitución otorga al presidente de la República la facultad de dirigir las relaciones exteriores, prerrogativa que se ejecuta a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y del cuerpo diplomático nombrado por él.

A partir de este argumento, se defendió la potestad presidencial de definir los perfiles de sus delegados en el exterior, sin verse condicionado por restricciones administrativas que califica como excluyentes.

El borrador de decreto se enmarca en una serie de medidas recientes orientadas a flexibilizar los criterios de designación diplomática.

Previamente, la Cancillería expidió la Resolución 10142 de 2025, mediante la cual se eliminó el requisito de acreditar el conocimiento de una segunda lengua para los embajadores designados por libre nombramiento que no pertenecen a la carrera diplomática.

Con ambas disposiciones, la administración actual consolida un escenario normativo que permite el ingreso al servicio exterior sin necesidad de certificaciones académicas ni dominio comprobado de idiomas.

Las reacciones frente al anuncio fueron inmediatas. Desde los gremios que representan a los funcionarios diplomáticos de carrera, se emitió un pronunciamiento conjunto.

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) y la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) expresaron su rechazo al proyecto y señalaron que la medida profundiza un deterioro institucional que afecta la profesionalización del servicio exterior.

Las organizaciones señalaron que estas decisiones desconocen el valor del mérito y rompen el equilibrio que debe mantenerse entre el nombramiento político y la carrera diplomática, la cual ha asegurado durante décadas, según su postura, una representación internacional seria y con conocimiento de los asuntos globales.

En el ámbito político, la senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial del partido Centro Democrático, anunció que promoverá una acción judicial para frenar la iniciativa.

La congresista manifestó que el decreto vulnera la estabilidad y el rigor técnico que deberían caracterizar al cuerpo diplomático colombiano y alertó sobre los riesgos institucionales que, en su opinión, conlleva permitir que personas sin formación especializada asuman funciones de representación internacional.

El documento oficial, cuya entrada en vigor se dará una vez se publique en el Diario Oficial, contiene la orden final de “publíquese y cúmplase”.

Con ello, el Ejecutivo podrá hacer uso de la facultad de designar embajadores y cónsules generales centrales con base únicamente en su nacionalidad y edad, sin importar su nivel académico o trayectoria laboral.

La medida abre la puerta para que figuras ajenas al sistema profesional ingresen a la diplomacia por decisión directa del presidente de la República.

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