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Procuraduría abre cinco indagaciones por bombardeos en los que murieron 15 menores de edad
Las investigaciones buscan establecer responsabilidades disciplinarias tras la confirmación de las víctimas reportadas por Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo en operativos militares en Guaviare y otras regiones.
La Procuraduría General de la Nación abrió cinco indagaciones disciplinarias para esclarecer las responsabilidades en los bombardeos militares que dejaron quince menores de edad muertos en Guaviare y otras zonas del país, hechos que han generado conmoción nacional y reavivado el debate sobre la actuación de la Fuerza Pública en zonas de conflicto.
La decisión se conoció en la mañana del martes 18 de noviembre, luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmara, la noche anterior, que la cifra de víctimas menores ascendió a quince, una actualización basada en nuevos informes forenses. La Defensoría del Pueblo había advertido inicialmente sobre el fallecimiento de menores durante el operativo del 15 de noviembre, lo que llevó a un llamado urgente para investigar lo sucedido.
Los hechos ocurrieron en una región golpeada históricamente por la violencia. Según los reportes preliminares, los operativos militares tenían como objetivo estructuras armadas que operan en Guaviare; sin embargo, entre las víctimas se encontraron menores que habrían sido reclutados de manera forzada.
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Las indagaciones abiertas por el Ministerio Público buscan determinar si existieron fallas operacionales, inteligencia insuficiente o violaciones a protocolos que derivaron en la tragedia. Las pesquisas se adelantarán con base en los informes de Medicina Legal, testimonios recolectados en terreno y las alertas tempranas emitidas por la Defensoría.
La Procuraduría no ha especificado aún las líneas de responsabilidad que se investigan, pero reiteró que los procesos disciplinarios buscan establecer la verdad y garantizar que se respeten los estándares humanitarios en las operaciones militares.
La muerte de los quince menores reavivó las críticas de organizaciones de derechos humanos y sectores políticos que han exigido mayor claridad sobre la planificación de los operativos, así como medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en zonas donde persiste la presencia de grupos armados.
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