Procuraduría abre indagación por contrato de $10.000 millones para defensa internacional de Gustavo Petro

La representante a la Cámara, Katerin Miranda, confirmó que la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por un contrato de $10.000 millones con el que el Gobierno Nacional pretendía financiar la defensa jurídica internacional del presidente Gustavo Petro ante autoridades extranjeras, luego de su inclusión en la denominada Lista Clinton.

Según la congresista, el uso de recursos públicos para este fin resulta inaceptable. “Los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender problemas personales del presidente ni de su esposa”, afirmó Miranda, al cuestionar la legalidad y pertinencia del gasto.

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De acuerdo con la información conocida, la indagación busca establecer si existieron posibles irregularidades en la etapa de planeación y contratación del acuerdo suscrito el pasado 9 de enero de 2026 entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la firma Amadeus Consultancy Limited.

El contrato, identificado preliminarmente como el número 001 de 2026, tenía como objeto la prestación de “servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional”, incluyendo análisis normativo, evaluación de riesgos institucionales y recomendaciones estratégicas. Su plazo de ejecución estaba previsto hasta el 30 de abril de 2026.

Entre los principales cuestionamientos planteados en la denuncia se encuentran un posible detrimento patrimonial, presuntas violaciones a los principios de la contratación pública y el uso de recursos del Estado para la defensa de intereses personales del presidente. También se advierte la ausencia de resultados verificables, indicadores de impacto o entregables con efectos jurídicos concretos.

Asimismo, se señala una posible falta de justificación técnica sobre la urgencia de la contratación y la imposibilidad de recurrir a capacidades institucionales existentes, así como la no exigencia de garantías de cumplimiento, pese al alto valor del contrato.

La indagación previa tendrá una duración de seis meses y su objetivo será identificar o individualizar a los posibles responsables disciplinarios, conforme a lo establecido en la Ley 2094 de 2021.

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