Proyectos en Congreso buscan hacer obligatorios los debates electorales en Colombia

En medio de las tensiones entre el Congreso y el Gobierno, avanza una silenciosa pero crucial discusión legislativa que podría cambiar el panorama electoral de 2026 en Colombia. Se trata de dos proyectos de ley que buscan establecer, por vía legal, la obligatoriedad de los debates entre candidatos a la Presidencia de la República, así como para quienes aspiren a gobernaciones y alcaldías.

El primero de ellos, impulsado por el representante David Racero (Pacto Histórico), ya superó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara. El segundo, presentado por los senadores Jonathan Ferney Pulido (“Jota Pe”) y Carolina Espitia (Alianza Verde), aún no ha arrancado su discusión en el Senado.

Ambas iniciativas coinciden en que los debates deben transmitirse por medios públicos como RTVC y, en el caso regional, también por radios locales. Además, proponen sanciones para quienes no participen, incluyendo la pérdida del derecho a espacios en medios que usen el espectro electromagnético, una reducción del 25 % en la reposición de votos, y la exhibición del nombre del ausente durante la transmisión.

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La propuesta de Racero contempla excusas por fuerza mayor avaladas por el CNE, lo que no incluye el texto de los verdes. También difieren en las fechas propuestas: uno plantea realizarlos el domingo previo a las elecciones, y el otro, 15 días antes, en horario triple A y excluyendo viernes y sábados.

Según sus ponentes, el objetivo es fortalecer la democracia, la participación ciudadana y la transparencia electoral, tomando como ejemplo a países como Uruguay, Brasil, México y Argentina. Racero subraya que quienes aspiran a liderar el país deben representar a todos los ciudadanos y garantizar campañas éticas e inclusivas.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) considera que obligar a los candidatos a debatir genera dudas y que la omisión también es una forma válida de estrategia política. Además, cuestiona que los debates se centren en la televisión tradicional y no en redes como YouTube.

Desde el oficialismo, la senadora Aída Avella (Pacto Histórico) también expresó reparos. Asegura que, ante la proliferación de partidos con personería jurídica, habría una “fatiga política” entre los electores, y pide una reforma política previa que aclare quiénes pueden ser candidatos. También cuestiona si las transmisiones regionales tendrán cobertura nacional y si se justifica exigir debates a todos los aspirantes locales.

En la pasada elección presidencial de 2022 se realizaron alrededor de 35 debates, aunque ni Gustavo Petro ni Rodolfo Hernández participaron en la recta final, a pesar de una orden judicial que no logró ejecutarse por falta de acuerdos entre sus campañas.

Un intento anterior del representante liberal Carlos Felipe Quintero para imponer esta medida no prosperó. Ahora, el futuro de estas dos nuevas iniciativas dependerá no solo de las mayorías en el Legislativo, sino también de la dinámica entre el Congreso y el Gobierno, marcada por posibles consultas populares y roces institucionales.

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