Alarma en el Catatumbo por el reclutamiento de 246 menores indígenas

Entre 2016 y junio de 2025, al menos 246 menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena Barí, asentada en los resguardos Motilón Barí y Catalaura del corregimiento La Gabarra, en la zona rural de Tibú, habrían sido reclutados por actores armados presentes en el Catatumbo.

Así lo denunció Alexander Adora, vocero de derechos humanos del pueblo Barí, quien ha documentado estos casos a partir de testimonios de familiares y miembros de la comunidad que, por temor a represalias, se abstienen de acudir a las autoridades judiciales.

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De acuerdo con la información recopilada por líderes tradicionales, muchos de los menores habrían sido contactados, trasladados o forzados a incorporarse a las filas de estructuras armadas ilegales que operan en la región, en particular del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de disidencias de las Farc.

Según los registros comunitarios, al menos algunos de estos menores han muerto en enfrentamientos recientes ocurridos entre estos grupos en zonas rurales del Catatumbo.

“La mayoría de las familias teme denunciar ante la institucionalidad por las consecuencias que podría traer para su integridad o la de sus hijos que aún permanecen con vida. Algunos padres han logrado ver a sus hijos uniformados o armados, integrando columnas móviles de estos grupos. Otros no han vuelto a saber de su paradero”, señaló Adora, quien advirtió que el reclutamiento forzado se ha consolidado como una práctica sistemática en contra de los menores del pueblo Barí.

Una de las situaciones más recientes que generó preocupación entre las autoridades ancestrales ocurrió el 8 de junio de este año, cuando una niña de 12 años fue retenida por dos hombres en el casco urbano del municipio de Tibú.

Según la comunidad, los hechos ocurrieron cuando la menor se dirigía a la iglesia. La intención, según lo relatado por testigos y confirmada por líderes indígenas, habría sido su incorporación forzada a un grupo armado.

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La intervención oportuna de dirigentes locales y autoridades tradicionales permitió que cinco días después la menor fuera devuelta a su familia.

La comunidad ha solicitado con insistencia la presencia de organismos internacionales y defensores de derechos humanos en la zona, ante la ausencia de medidas eficaces del Estado para prevenir y sancionar el reclutamiento de menores, especialmente en territorios donde el control de los actores armados ilegales supera en muchas ocasiones la presencia de la institucionalidad civil.

“Necesitamos garantías, no solamente para quienes viven en los resguardos, sino también para nuestras niñas, niños y adolescentes que están siendo objeto de una práctica que vulnera sus derechos fundamentales.

No es una situación aislada ni reciente; llevamos años denunciándola sin que se vean resultados concretos en términos de justicia ni protección”, afirmó el vocero comunitario.

En lo corrido de 2025, los resguardos del pueblo Barí han reportado directamente al menos 12 nuevos casos de reclutamiento.

Las condiciones geográficas de la región, sumadas a la débil presencia estatal, han permitido que los grupos armados mantengan corredores de movilidad e influencia en los que desarrollan labores de adoctrinamiento, retención de menores y presión sobre las familias indígenas.

La comunidad reitera que, aunque han documentado estos hechos por medio de registros internos y acompañamiento a las víctimas, requieren un sistema de protección con participación activa de entidades como la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Procuraduría General y misiones internacionales de observación humanitaria, con el fin de atender los riesgos estructurales que enfrenta esta población.

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