Analistas señalan responsabilidades políticas tras muerte de menores en bombardeo ordenado por Petro

Las declaraciones del exministro de Defensa Diego Molano, el exviceministro Rafael Nieto Loaiza y el analista Jorge Restrepo reabrieron el debate sobre la responsabilidad del Gobierno y de los grupos armados en la muerte de menores durante el bombardeo ordenado por el presidente Gustavo Petro en Calamar, Guaviare.

Nieto afirmó que la responsabilidad principal recae en los grupos armados que reclutan menores, en violación del derecho internacional humanitario. Sostuvo que la decisión inicial del Gobierno de suspender bombardeos generó un “incentivo perverso” que permitió el aumento del reclutamiento infantil.

También sostuvo que, aunque la decisión de retomar bombardeos se produjo más de tres años después, el Ejecutivo debe responder por las consecuencias derivadas de su cambio de política. Señaló que la tragedia es lamentable y que existe corresponsabilidad estatal.

Molano aseguró que la suspensión de operaciones aéreas permitió el fortalecimiento de las disidencias y afirmó que hoy tendrían 25.000 integrantes armados y redes de apoyo. Sostuvo que la retoma de bombardeos llega tarde y que los grupos usan menores como escudo operativo.

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El exministro insistió en que las decisiones militares cuentan con sustento jurídico y de inteligencia, pero advirtió que es imposible establecer edades en tiempo real durante una operación. Añadió que, según la ley, un menor reclutado se convierte en objetivo militar.

Restrepo, director de CERAC, reconoció la legitimidad del objetivo pero advirtió que persisten muertes de menores en operaciones militares. Señaló que podría existir responsabilidad política en la cadena de mando por el lanzamiento de la acción y pidió que el Congreso cite al Gobierno.

El analista afirmó que la mejor forma de frenar el reclutamiento forzado es con mayor efectividad operativa de la Fuerza Pública, pues la presencia de menores en grupos armados seguirá siendo utilizada como herramienta de presión mientras no se neutralicen las estructuras ilegales.

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