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Asesinan a dos líderes sociales en menos de 48 horas en Cali y Barranquilla
Jhonny Alexander Córdoba y Miller Ojeda son las más recientes víctimas. Ya van seis líderes asesinados en 2025, según Indepaz.
La violencia contra líderes sociales en Colombia cobra nuevas víctimas. En las últimas 48 horas, Jhonny Alexander Córdoba, líder social y sindicalista en Cali, y Miller Ojeda, destacado líder comunitario en Barranquilla, fueron asesinados a balazos en hechos que han conmocionado al país.
Córdoba fue atacado en el barrio Terrón Colorado de Cali por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. Reconocido por su trabajo en las negociaciones entre transportadores y autoridades locales, su labor fue clave para garantizar el servicio de transporte en la zona.
Por su parte, Ojeda fue asesinado en la urbanización Las Gardenias de Barranquilla, donde trabajaba en procesos de resolución de conflictos con jóvenes y participaba activamente en programas de formación de la alcaldía local.
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Indepaz recordó que la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas en ambas ciudades: la AT 001/22 y la AT 019/23 para Cali, y la AT 022/23 para Barranquilla. Estas advertencias exponen los riesgos que enfrentan líderes sociales, especialmente por el control social que imponen grupos armados en los territorios.
Sin embargo, la falta de medidas efectivas de protección sigue dejando a estos defensores de derechos humanos en un estado de vulnerabilidad crítica. La comunidad de Terrón Colorado y los habitantes de Las Gardenias ahora enfrentan el dolor de estas pérdidas y el temor ante un entorno cada vez más hostil.
Investigaciones en curso
La Policía Metropolitana de Cali y las autoridades de Barranquilla han iniciado investigaciones para esclarecer los hechos. En el caso de Córdoba, se analizan las cámaras de seguridad en Terrón Colorado, mientras que en el de Ojeda, los detalles del crimen aún son escasos, pero se busca identificar a los responsables.
Con estos los casos, ya son seis los líderes sociales asesinados en lo que va de 2025, según Indepaz. Estas cifras reflejan una tendencia preocupante que afecta a defensores de derechos humanos en todo el país.
Organizaciones sociales y la comunidad exigen acciones inmediatas del Gobierno para garantizar la seguridad de quienes luchan por los derechos de las poblaciones más vulnerables. "Es urgente fortalecer las medidas de protección y frenar esta espiral de violencia", declaró un portavoz de una ONG de derechos humanos.
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