“Bomba pensional” en la Fuerza Pública supera los $140 billones según Contraloría

La Contraloría General de la República encendió las alarmas por el creciente riesgo fiscal que representa el régimen especial de retiro de la Fuerza Pública, que podría generar pasivos superiores a 140 billones de pesos en las próximas décadas. El organismo recomendó revisar las condiciones de retiro y fortalecer los mecanismos de control para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Según el estudio, el esquema vigente —que permite el retiro de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares con 20 años de servicio, y de los agentes y policías con 25 años— no exige una edad mínima para acceder a la asignación mensual de retiro. Esto ha llevado a que muchos uniformados se jubilen entre los 34 y 35 años, generando un creciente peso financiero para el Estado.

La Contraloría explicó que, entre 2008 y 2023, las Fuerzas Militares redujeron su personal activo de 173.900 a 158.400 efectivos, mientras aumentó la proporción de retirados, que ya representa el 12,8 % del total. Los pasivos actuariales estimados oscilan entre 42,3 y 62,3 billones de pesos en las Fuerzas Militares, y entre 58 y 80,6 billones en la Policía Nacional.

Ante este panorama, la entidad propuso revisar los criterios de retiro para hacerlos “más equitativos”, además de crear reservas actuariales y sistemas de monitoreo automático que permitan anticipar riesgos y ajustar los parámetros demográficos y financieros del régimen.

Para 2026, el Gobierno ha destinado 15 billones de pesos al pago de asignaciones de retiro y 3,5 billones para pensiones de la Fuerza Pública. Sin embargo, la Contraloría advirtió que, sin reformas estructurales, la sostenibilidad fiscal del sistema podría verse seriamente comprometida en el mediano plazo.

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