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Contraloría advierte riesgo fiscal por recorte unilateral de recursos para el Canal del Dique
El ente de control alertó al Gobierno por la reducción de $636.850 millones en vigencias futuras para la restauración del Canal del Dique y advirtió posibles incumplimientos contractuales.
La Contraloría General de la República lanzó una alerta por el recorte unilateral de recursos destinados al proyecto de restauración del Canal del Dique, una decisión que, según el ente de control, podría generar graves riesgos fiscales y legales para la Nación.
En una carta enviada al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Hacienda y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Contraloría expresó su preocupación por la reducción de $636.850 millones en vigencias futuras, monto que representa el 83,6 % del valor total pactado para la vigencia 2025 dentro del contrato de concesión del proyecto. El recorte fue adoptado mediante el decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025.
De acuerdo con el organismo de control, esta decisión amenaza con materializar riesgos fiscales, al modificar de manera unilateral condiciones contractuales vigentes. La Contraloría recordó que el propio decreto establece que cualquier reprogramación de vigencias futuras debe ser solicitada al Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), siempre que no implique cambios en el monto total autorizado, requisito que, según el ente, no se habría cumplido.
Aunque la Contraloría reconoció que el patrimonio autónomo del proyecto contaba con recursos disponibles por $225.438 millones, señaló que lo procedente era concertar una reprogramación de los recursos con los concesionarios y no adoptar una modificación unilateral por decreto.
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En el documento, el ente de control advirtió que esta actuación podría derivar en un daño fiscal al patrimonio del Estado, representado en el pago de intereses moratorios equivalentes a DTF más 10 % y remuneratorios de DTF más 5 %. Estos costos se generarían si la situación no se corrige antes del 2 de mayo de 2026 para los intereses moratorios y del 16 de febrero de 2026 para los remuneratorios.
La Contraloría también alertó sobre la posibilidad de que el concesionario interponga demandas por presunto incumplimiento contractual, lo que podría traducirse en millonarias reclamaciones contra la Nación.
A esta preocupación se sumó la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que advirtió que no se trata de un caso aislado, pues también se habría presentado un recorte unilateral de vigencias futuras en el proyecto vial Mulaló–Loboguerrero, lo que incrementa los riesgos jurídicos y financieros para el Estado.
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