Defensoría del Pueblo lanza alerta urgente por escalada de violencia en Tibú

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el grave riesgo que enfrenta la población de Tibú, en Norte de Santander, debido a la escalada de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas Farc. Según el organismo, la situación pone en peligro la vida, la integridad y los derechos de miles de habitantes del casco urbano y de las zonas rurales del Catatumbo.

El documento señala que la confrontación entre el Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre y el Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte ha mantenido un escenario de violencia constante desde comienzos de año. Tibú, por su posición fronteriza con Venezuela y la coexistencia de economías legales e ilegales, se ha convertido en un corredor estratégico para los grupos armados, que buscan el control territorial, social y económico de la región.

La Defensoría registró múltiples hechos de violencia, entre ellos homicidios, secuestros, amenazas, desplazamientos forzados y confinamientos. En el área urbana, los enfrentamientos han derivado en una “doble autoridad armada ilegal”, con barrios controlados por el ELN o por el Frente 33, que imponen reglas, horarios y sanciones a la población civil. También se reportaron retenes ilegales, inspecciones de celulares y el uso de minas antipersonal, municiones sin explotar y explosivos lanzados desde drones.

Lea también: (Se entregó en Cartagena el segundo implicado en muerte de estudiante de los Andes Jaime Esteban Moreno)

El impacto sobre la población civil es alarmante. Hasta julio, se habían documentado 35 casos de reclutamiento forzado de menores, y varias escuelas rurales permanecen cerradas por el riesgo de explosivos. Además, se reportan graves violencias basadas en género, incluidos casos de abuso sexual, trata de personas y explotación de mujeres migrantes.

Los pueblos indígenas Barí y Yukpa enfrentan restricciones a su movilidad e imposición de normas externas, mientras que líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido blanco de amenazas y estigmatización. La población migrante venezolana —estimada en más de 22.000 personas— también se encuentra en una situación crítica de vulnerabilidad.

Ante la gravedad de la crisis, la Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio del Interior y a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) aplicar las 20 recomendaciones formuladas en la alerta, que incluyen el desmantelamiento de los grupos armados ilegales, la protección de comunidades indígenas y liderazgos sociales, y la destinación de recursos para el desminado humanitario.

El organismo insistió en la necesidad de una presencia institucional efectiva del Estado en Tibú y el Catatumbo, con acciones integrales y coordinadas que permitan salvaguardar la vida y los derechos de una de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado en Colombia.

Otras noticias