Defensoría del Pueblo urge atención inmediata ante grave crisis humanitaria en el Catatumbo

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para atender de manera inmediata la grave crisis humanitaria que se vive en la subregión del Catatumbo, donde desde el pasado 16 de enero de 2025 se registran múltiples hechos que vulneran los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH).

De acuerdo con la entidad, los municipios de Tibú y El Tarra son actualmente los más afectados por el recrudecimiento del conflicto armado, que ha generado riesgos permanentes de desplazamiento forzado, confinamiento y otros hechos victimizantes derivados de los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona. Como consecuencia de esta situación, se han producido más de 78.000 desplazamientos forzados.

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La Defensoría recordó que el 29 de octubre emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, motivada por la intensificación de la confrontación armada entre los grupos terroristas Eln y las disidencias Farc, específicamente el frente 33 y el bloque Magdalena Medio, así como por la consolidación del control territorial ejercido por el Eln.

Según el organismo de control, el escenario actual se caracteriza por un alto riesgo de vulneración masiva de derechos humanos y graves infracciones al DIH. El riesgo es especialmente crítico en la cabecera urbana de Tibú, en los corregimientos Reyes de Campo Dos, Pachelli y La Gabarra, y en veredas como Versalles, Oru 7, Campo Seis y Caño Indio.

La Defensoría explicó que esta situación se ve agravada por la coexistencia de economías legales e ilegales, como la explotación petrolera, la palma de aceite, la minería informal, la tala, la explotación clandestina de hidrocarburos y la alta concentración de cultivos de uso ilícito. A ello se suma una débil presencia estatal y baja gobernabilidad, lo que ha permitido la consolidación de estructuras de poder paralelas que exponen a la población a extorsiones, desplazamientos y reclutamiento forzado.

El control territorial y social, según el informe, se ejerce mediante la imposición de normas de conducta, la regulación de la movilidad y de la vida comunitaria, configurando un escenario de doble autoridad armada ilegal en el casco urbano de Tibú, donde barrios son controlados por el disidente Frente 33 o por el Eln. 

La ubicación estratégica del municipio, por su extenso límite fronterizo con Venezuela, lo convierte además en un corredor clave para el tránsito irregular y las economías ilícitas.

En este contexto, la Defensoría también se refirió a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) autorizada por el Gobierno nacional mediante la Resolución 161 de 2025, que permitió por siete meses la concentración del Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) en el área rural de Tibú. Desde el inicio, este grupo manifestó dudas sobre la operatividad de la ZUT y advirtió riesgos para su seguridad y la de la población civil. Pese a ello, el pasado 23 de diciembre, el presidente prorrogó por siete meses más esta figura mediante la Resolución 474 de 2025, aunque hasta ahora no se han acordado los protocolos necesarios y el conflicto no ha desescalado.

Sobre los hechos más recientes, la Defensoría alertó que la situación en El Tarra sigue siendo crítica. Desde el 14 de diciembre se han registrado nuevos enfrentamientos en la vereda La Angalia, jurisdicción de Tibú, entre el Eln y el frente 33. Como resultado, al menos 74 familias de zonas rurales de El Tarra y Tibú fueron desplazadas.

Asimismo, el 17 de diciembre se presentó un evento de confinamiento en el corregimiento Pachelli, en Tibú, como consecuencia de enfrentamientos armados y del paro armado declarado por el ELN. Según reportes del Comité Territorial de Justicia Transicional, cerca de 1.500 familias, equivalentes a unas 6.000 personas, resultaron afectadas, y cinco familias más se desplazaron hacia Ocaña.

La entidad también informó que desde el 24 de diciembre continúan los ataques con drones en el corregimiento Filo Gringo, en El Tarra, lo que ha impedido la movilidad de las comunidades hacia zonas urbanas y ha elevado el riesgo de desplazamientos masivos. Entre el 22 y el 26 de diciembre, se registró además un desplazamiento forzado masivo en la vereda Kilómetro 16, en Tibú, que dejó 223 personas desplazadas, algunas hacia Cúcuta y otras hacia el casco urbano de Tibú.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo advirtió que en la noche del 28 de diciembre se presentaron nuevos combates en Filo Gringo y que, en este momento, continúan llegando familias desplazadas tanto a Cúcuta como a Tibú, por lo que reiteró su llamado urgente a una respuesta integral e inmediata del Estado para proteger a la población civil del Catatumbo.

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