Director del Inpec admite fallas en alimentación de El Buen Pastor tras denuncia de Epa Colombia

Una nueva polémica rodea a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá luego de que Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, difundiera un video en el que denuncia junto a otras reclusas las condiciones insalubres de los alimentos que reciben. Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, muestran a las internas alertando sobre la presencia de comida descompuesta y hasta ratas en las bandejas.

Ante la gravedad de la situación, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, se pronunció y reconoció públicamente las fallas. “Desafortunadamente se han presentado hechos de mala alimentación: la comida no llega a tiempo, no está bien cocinada ni tiene el gramaje adecuado”, afirmó el funcionario.

Gutiérrez responsabilizó directamente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad encargada de suministrar los alimentos a los centros de reclusión del país, y anunció la conformación de mesas de trabajo en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la misma Uspec para buscar soluciones urgentes.

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La denuncia, grabada con un celular dentro del penal, fue compartida por la también influencer Yina Calderón, quien calificó el contenido como “indignante” y apeló directamente al presidente Gustavo Petro para intervenir en el caso. En el video, las reclusas aseguran que llevan días sin comer adecuadamente, mientras Epa Colombia reclama: “Todo picho. Estas mujeres están muertas del hambre”.

Daneidy Barrera cumple una condena de 5 años y 2 meses por delitos cometidos durante el Paro Nacional de 2019, cuando fue grabada destruyendo una estación de TransMilenio. Actualmente permanece en el patio 4 de El Buen Pastor, y su solicitud de casa por cárcel fue negada recientemente pese a cumplir con algunos requisitos de la Ley de Utilidad Pública.

El escándalo ha reavivado el debate sobre las condiciones de reclusión en Colombia, particularmente en materia de salud y alimentación, y pone presión sobre las autoridades para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad

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