Extracción más venta ilegal de oro: capturas y sobornos por negocios en el nordeste y bajo cauca antioqueño

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a cinco de los posibles articuladores principales de una red delictiva señalada de extraer oro de manera ilegal en las regiones del nordeste y el bajo Cauca antioqueño, y coordinar posteriormente su comercialización.

Se trata de María Consuelo Jiménez Salazar, quien sería la encargada de administrar el dinero producto de esta actividad ilegal y coordinar la obtención del metal y su venta.

Yurley Orrego Trujillo y Luciano Antonio Arbeláez Ochoa, presuntos administradores de varios frentes de explotación ilícita de minerales.

Jhon Wilmar Cabrera González, que tendría a su cargo el transporte de repuestos y la contratación de mecánicos para la reparación de la maquinaria amarilla utilizada en los entables mineros; y Bernardo de Jesús Orrego Barrios, al que se le atribuye el préstamo de un título minero para legalizar tres lingotes de oro que le fueron incautados a uno de los integrantes de la organización y así evitar su captura.

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Los elementos materiales probatorios indican que este grupo también estaría implicado en el pago de dinero a algunos servidores para que alertaran sobre los operativos en la zona y a estructuras criminales con injerencia en el departamento para que facilitaran la labores de extracción, transporte y comercialización del oro.

Por todo lo anterior, una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir con fines de explotación ilícita de yacimiento minero, extracción ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y fraude procesal.

Cuatro de los procesados aceptaron cargos. Todos deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia.

Recientemente, a esta red delictiva le fueron afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio bienes avaluados en más de 373.000 millones de pesos,
entre ellos un título minero.

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