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Gobernador de La Guajira pide apoyo a la Corte Constitucional ante crisis financiera e hídrica
Jairo Aguilar Deluque destacó la persistente problemática hídrica y financiera del departamento, solicitando garantías para el cumplimiento de sentencias clave.
El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, elevó un llamado a la Corte Constitucional para obtener respaldo en la resolución de la crisis financiera e hídrica que aqueja al departamento. En una audiencia reciente convocada por la Corte, Aguilar Deluque explicó que La Guajira enfrenta una deuda acumulada de $90.000 millones, incluyendo $25.000 millones relacionados con sobrecostos de operación de carrotanques.
La situación ha llevado al departamento al borde de la Ley 550 de reestructuración económica, y el gobernador subrayó la necesidad de encontrar soluciones urgentes. Durante su intervención, también destacó los esfuerzos realizados mediante alianzas público-privadas con empresas como AVAL, PROMIGAS y ECOPETROL, así como el apoyo del Plan Mundial de Alimentos para la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
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La sentencia T-302 y la responsabilidad del Estado
En su intervención, Aguilar Deluque pidió que se garantice el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, la cual establece lineamientos para proteger los derechos de los habitantes de La Guajira, en particular de las comunidades indígenas afectadas por la escasez de agua y servicios básicos. La Corte Constitucional evalúa las opciones para asegurar la transparencia y eficacia en la gestión de los recursos destinados al departamento.
Operación de carrotanques: una iniciativa crucial
Paralelamente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció avances en la operación de carrotanques para atender la crisis hídrica. El director de la entidad, Carlos Carrillo, informó que 35 de los 80 carrotanques estacionados en Uribia, La Guajira, fueron trasladados a Santa Marta para revisión y puesta a punto.
Esta acción, denominada “Misión Fénix”, busca garantizar la distribución eficiente de agua en las regiones más afectadas por incendios forestales y desabastecimiento. Una vez verificados, los vehículos serán entregados en comodato a 18 departamentos, incluyendo Atlántico, Valle del Cauca, y Chocó, además de municipios como Ipiales, Buenaventura y Lorica.
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