Informe revela récord histórico de reclutamiento infantil por disidencias en el suroccidente del país

Un informe reservado de organizaciones de derechos humanos, conocido por misiones humanitarias y la ONU Colombia, alerta sobre un crecimiento sin precedentes en el reclutamiento forzado de menores en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Entre diciembre de 2023 y julio de 2025 se registraron más de 1.500 casos atribuidos a estructuras del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

La cifra, recolectada en menos de 20 meses, representa el 8 % de todos los menores reclutados durante cinco décadas de conflicto por las antiguas Farc, según la Comisión de la Verdad. El documento subraya que estos casos corresponden únicamente a denuncias confirmadas y en tres departamentos, por lo que el subregistro podría ser hasta cinco veces mayor.

La expansión territorial y el fortalecimiento militar de las estructuras Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y el frente 57 coinciden con este aumento. El control sobre corredores estratégicos en el norte del Cauca, Jamundí, Buenaventura, Florida, Pradera y zonas de Nariño ha deteriorado las garantías de protección para la infancia, según los testimonios recopilados.

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En áreas rurales de Jamundí, el reclutamiento se ha vuelto visible: camionetas llegan a las salidas de colegios, hombres armados ofrecen dinero y menores son abordados en vías, canchas y dentro de instituciones educativas. Uno de los casos más delicados documenta que, entre abril y junio de 2024, al menos siete estudiantes de 11 y 14 años fueron llevados a campamentos de la estructura Jaime Martínez en Timba. Su paradero sigue siendo desconocido.

El informe también registra que otros menores son obligados a actuar como campaneros, cuidadores de armas o transportadores de propaganda, con pagos de hasta 600.000 pesos. Las organizaciones calculan que, solo en Jamundí, más de 50 jóvenes fueron reclutados entre 2023 y 2024 sin denuncias formales debido al temor a represalias.

La situación se repite en Buenaventura, Florida, Pradera, Tuluá, Calima Darién y el norte del Cauca, donde los grupos armados ejercen control social a través de regalos, propaganda, vigilancia de rutas ilícitas y cobro de extorsiones. Algunos menores son utilizados para operaciones de inteligencia, lo que los expone directamente a combates y hostigamientos.

Las organizaciones también documentan un incremento de violencias asociadas: atentados con drones, carros bomba, restricciones de movilidad, toques de queda, desplazamientos y amenazas a líderes sociales. Entre agosto y noviembre de 2025 se reportaron nueve asesinatos de líderes y cuatro masacres.

Informes de la Defensoría del Pueblo y otras mesas territoriales señalan que en varios territorios el Estado no ejerce soberanía y que los grupos armados imponen normas y controlan actividades comunitarias. Organizaciones humanitarias solicitaron medidas de protección urgentes y la declaratoria de emergencia humanitaria.

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