Liberación de dos soldados en La Macarena (Meta): así fue la mediación que puso fin a 30 horas de retención

En la frontera entre Meta y Caquetá, los soldados profesionales Ángel Humberto González Garcés y Édgar Mina Carabalí recuperaron la libertad tras más de 30 horas de retención intermitente que combinó la presión de disidencias de las FARC y acciones de habitantes de la zona.

La secuencia comenzó el lunes 3 y martes 4 de noviembre de 2025, en medio de operaciones militares en el área rural de La Macarena —corregimiento de San Juan de Lozada—, cuando los uniformados fueron capturados y luego dejados en libertad por sus captores; sin embargo, poco después una multitud impidió su traslado y volvió a retenerlos.

La Defensoría del Pueblo lideró una mediación humanitaria que permitió, la noche del martes 4 y la madrugada del miércoles 5, su entrega y el retorno a custodia estatal, sin reporte de lesiones.

Los hechos se desarrollaron en un territorio históricamente disputado por estructuras armadas ilegales y economías ilícitas.

Fuentes locales y oficiales señalaron que la primera liberación se produjo a varios kilómetros del punto de retención, cuando los soldados aguardaban la llegada de vehículos de organismos internacionales para su traslado.

En ese lapso, grupos de habitantes bloquearon el movimiento de la comisión y exigieron condiciones, episodio que derivó en una segunda retención durante horas.

La propia EFE reportó que la multitud actuó bajo presión de disidencias del Estado Mayor Central (EMC), lo que complicó el tránsito de las misiones humanitarias.

La respuesta institucional se apoyó en canales humanitarios. La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó públicamente la liberación y el estado de salud de González y Mina, tras gestiones en terreno del personal de la Defensoría, con el concurso de autoridades locales.

Autoridades detallaron que la entrega se formalizó en zona limítrofe entre Caquetá y Meta, y que posteriormente los militares fueron valorados y trasladados a sus unidades.

La dinámica del caso —captura, liberación y nueva retención en menos de 24 horas— refleja un patrón de riesgo que Colombia ha observado este año en distintas regiones: comunidades coaccionadas por grupos armados que ejecutan cercos o “retenes” a la Fuerza Pública para forzar canjes o presionar decisiones operacionales.

Aunque se trata de contextos distintos, antecedentes recientes en Guaviare y Cauca —con decenas de militares retenidos y posteriormente liberados mediante mediaciones de Defensoría, ONU y OEA— iluminan la continuidad de esta táctica y la fragilidad del control estatal en corredores claves del narcotráfico y la minería ilegal.

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En el plano político y de seguridad, el episodio plantea tres implicaciones. Primero, pone a prueba los protocolos de coordinación entre Fuerza Pública y mecanismos humanitarios en zonas donde operan facciones que desconocen los acuerdos de paz de 2016 y que combinan influencia armada con presión social.

Segundo, reactiva el debate sobre el uso del término “secuestro” frente a retenciones masivas realizadas por civiles en contextos de coacción —un punto en el que el Gobierno y las Fuerzas Militares han buscado unificar lenguaje para dimensionar el delito y activar rutas de atención—.

Tercero, condiciona el clima de los diálogos exploratorios o en curso con distintos actores armados: cada retención de uniformados tensiona la opinión pública, estrecha el margen de maniobra de los negociadores y exige señales de cumplimiento de mínimos humanitarios para sostener cualquier agenda.

Los comunicados y reportes de esta semana, incluidos los de medios públicos y privados, subrayan precisamente que la vía de salida volvió a ser la mediación humanitaria, no el empleo de la fuerza, para evitar escaladas sobre población civil.

Los dos soldados están bajo custodia estatal y en buen estado de salud. El reto inmediato es judicial: establecer responsables de la retención, esclarecer si hubo participación directa de estructuras del EMC en la instigación de la multitud, e identificar a quienes obstaculizaron el paso de las misiones de verificación.

El desafío de fondo, en cambio, es territorial: recuperar presencia integral del Estado en los corredores Meta–Caquetá y desarticular la capacidad de coacción sobre comunidades que, entre amenazas y economías ilegales, terminan siendo plataforma de presión contra las instituciones.

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