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Plan de aspersión terrestre con glifosato costará $7.700 millones y se adelantará en 16 departamentos
El programa busca enfrentar el aumento del 77 % en los cultivos ilícitos desde 2020. Aunque se argumenta mayor precisión que la aspersión aérea, persiste el choque entre la estrategia logística y el enfoque anunciado por el presidente Petro.
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional dio a conocer los estudios que justifican la compra de glifosato para un nuevo plan de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre, en momentos en que el país enfrenta un alarmante aumento del 77 % en el área sembrada con coca desde 2020.
El informe, de 76 páginas, detalla que el proyecto contempla el uso de 128 canecas de 200 litros y 695 bidones de 20 litros del herbicida, por un valor estimado de $7.700 millones. La distribución del químico se hará en unidades de seguridad en 16 departamentos, incluyendo Antioquia, Cauca, Nariño, Meta y Putumayo.
Según el documento, esta modalidad ofrece mayor precisión que la aspersión aérea, minimizando el impacto ambiental y en cultivos lícitos, y se plantea como una alternativa en zonas donde la aplicación aérea ha sido restringida por razones legales o ambientales.
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No obstante, el plan ha generado controversia, ya que contrasta con el discurso del presidente Gustavo Petro, quien ha reiterado su compromiso con la erradicación voluntaria y la sustitución de cultivos. Petro desmintió recientemente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien había confirmado la firma del contrato inicial en diciembre de 2024, durante la administración de Iván Velásquez.
La estrategia busca frenar el crecimiento de los cultivos ilícitos, que alcanzaron en 2023 un récord histórico con más de 252.000 hectáreas sembradas. Las autoridades atribuyen este repunte a la desmovilización de las FARC, la expansión de otros grupos ilegales y la suspensión de la aspersión aérea.
Mientras tanto, el Gobierno continúa afinando la logística para la implementación del programa, que incluiría el reclutamiento de personal para la aplicación del herbicida, en paralelo con las estrategias de sustitución lideradas por las comunidades.
Este giro en la política antidrogas reabre el debate sobre el enfoque más eficaz y sostenible para enfrentar el narcotráfico sin criminalizar a los campesinos ni deteriorar el medio ambiente.
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