Procuraduría hace recomendaciones a Galán y crea agencia especial por protestas de recicladores en Bogotá

La Procuraduría General de la Nación formuló una serie de recomendaciones preventivas al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y anunció la conformación de una Agencia Especial para intervenir frente a las protestas, bloqueos y restricciones a la movilidad que se han registrado en la ciudad durante las manifestaciones adelantadas por recicladores y carreteros.

La decisión se adoptó en ejercicio de la función preventiva, de vigilancia superior de la conducta oficial y de protección de los derechos fundamentales y colectivos. Para ello, el Ministerio Público dispuso la designación de un procurador judicial que hará parte de la mesa citada por las autoridades distritales, con el fin de acompañar institucionalmente el manejo de la situación.

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La intervención de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social se enmarca en la implementación del Decreto Distrital 014 de 2023, norma que regula el ejercicio del oficio del reciclaje en Bogotá. Este decreto busca mitigar impactos ambientales, mejorar el manejo de los residuos sólidos, prevenir riesgos sanitarios y regular el uso del espacio público en el distrito capital.

No obstante, la aplicación de esta normativa ha generado afectaciones significativas a la movilidad urbana, entre ellas congestión vehicular, restricciones en el transporte público, retrasos en la operación de TransMilenio, desvíos viales y dificultades para la circulación de peatones, lo que motivó la actuación preventiva del ente de control.

Con base en el artículo 277 de la Constitución Política y el Decreto Ley 262 de 2000, la Procuraduría explicó que la conformación de la Agencia Especial tiene como objetivo actuar como garante constitucional, verificar la actuación de las autoridades distritales, prevenir una escalada del conflicto social y propiciar escenarios de diálogo institucional y concertación entre las partes involucradas.

En ese contexto, el Ministerio Público recomendó al alcalde mayor adoptar medidas inmediatas y proporcionales que permitan armonizar el derecho fundamental a la protesta social con los derechos de los demás ciudadanos. Entre las principales recomendaciones se encuentran la instalación de mesas de diálogo permanentes con representantes de recicladores y carreteros, orientadas a la construcción de acuerdos sostenibles.

Asimismo, sugirió la implementación de corredores de movilidad y ventanas de paso que eviten bloqueos totales en las principales vías de la ciudad, la adopción de un plan de aplicación gradual y pedagógica del decreto con enfoque diferencial y social, y el fortalecimiento de los protocolos distritales de atención a la protesta social, garantizando el principio de proporcionalidad y el respeto por los derechos humanos.

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