Modelo de salud de los docentes: ministro de salud asegura que nada tiene que ver con la reforma

En una sesión de control político en la Comisión Primera del Senado, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, ofreció declaraciones que contradicen sus comentarios anteriores sobre el nuevo modelo de salud para el magisterio. 

Este modelo, que inició el 1 de mayo bajo la coordinación del presidente Gustavo Petro, pretende servir a 820.000 profesores públicos y sus familiares. 

Jaramillo aclaró que este esquema es exclusivo para los maestros y no está relacionado con la reforma de salud en general que involucra a las EPS transformadas en gestoras. Destacó la ausencia de integración vertical en el sistema.

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El ministro mencionó que sus sugerencias no han sido completamente adoptadas por los directivos del Fomag, afectando la disponibilidad de medicamentos en ciertas clínicas y hospitales asociados al nuevo modelo de salud. Estas observaciones surgieron de audios filtrados de reuniones de la junta directiva del magisterio con la Fiduprevisora.

Durante la sesión, Jaramillo reiteró su visión de que el modelo de salud del magisterio debería ser un referente para todo el país, según los deseos del presidente Petro, destacando la calidad de los maestros y el apoyo de la Fiduprevisora.

En términos de progresos operativos, Jhon Mauricio Marín, gerente de la Fiduprevisora, informó ese mismo lunes que se han vinculado más de 7.000 instituciones prestadoras de salud (IPS) a través de diversos acuerdos, entre los que se incluyen cartas de intención y contratos. 

Se han registrado 792 IPS públicas y 214 privadas con contratos firmados, mientras que aún están pendientes de firma contratos con otras 121 IPS. Además, se dispone de un banco de proveedores que incluye 6.565 IPS complementarias. 

Marín destacó que aproximadamente el 44% de las más de 12.000 IPS en el país están formalmente vinculadas para atender a los afiliados en el Fomag y comentó que algunos proveedores expresaron preocupaciones iniciales sobre los pagos, lo que llevó a la emisión de una circular para asegurar la prestación de servicios sin autorización previa.

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