Al clan “Vega Daza”, a Jorge Eliecer Díaz Collazos, a alias “Castor”, a alias “el Negrito Rubí” y a Óscar Camargo Ríos, alias “Pichi”, entre otros cabecillas del mundo del hampa, no los une una causa común, pero paradójicamente sí un filamento conductor, un hilo invisible; sus nombres aparecen vinculados a empresas de vigilancia y seguridad privada, todas con licencias legales expedidas por la misma Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Una entidad adscrita al Ministerio de Defensa, con una planta de personal de 94 funcionarios, de los cuales 61 son de carrera administrativa, y la cual, entre 2010 y 2024, suscribió 5.370 contratos de prestación de servicios con personas naturales y 699 con personas jurídicas.
Superintendencia que en los últimos quince años ha incrementado su presupuesto. Ha pasado de $13.625 millones en 2010 a $35.250 millones de pesos en 2024. Su propósito es la inspección y vigilancia de 793 empresas de vigilancia y seguridad privada, de las cuales apenas 40 son sin uso de armas, 672 tienen autorización para uso de medios tecnológicos, 433 son departamentos de seguridad, 21 empresas arrendadoras de vehículos, 43 personas jurídicas blindan vehículos, 100 operan como escuelas de capacitación, otras 18 son empresas de asesoría, consultoría e investigación, y 12 empresas transportadoras de valores.
Compañías que actualmente tienen autorizadas 98.853 armas de uso personal, 1.654 de uso restringido, 272.773 vigilantes, 34.171 escoltas y 18.115 supervisores.
En otras palabras, la entidad, es la encargada de revisar con lupa las solicitudes de personas naturales y jurídicas, y otorgar las respectivas licencias de operación de empresas de vigilancia, escoltas, armamento, blindaje de vehículos, escuelas de capacitación de vigilantes y escoltas, transporte de valores, así como todo el ecosistema de seguridad privada. Sin embargo, desde antaño, más parece una entidad sin Dios ni ley.
Hurtos y otros en las empresas de seguridad
Entre los años 2015 y 2024 se interpusieron 18.627 quejas por parte de la ciudadanía en contra de dichas empresas. Esto por irregularidades en la prestación del servicio (40 %), hurtos (25 %), asuntos laborales (21 %), servicios ilegales (7 %) y otros (7 %), sin que en la mayoría de los casos tuviera incidencia alguna en la continuidad, revisión o renovación de la licencia.
No obstante, entre 2013 y 2024 se abrieron solo 2.466 procesos disciplinarios y, de estos, se determinó que en 2.333 había caducidad en la facultad sancionatoria, uno fue por corrupción, tres por acoso laboral, 15 por violación a los términos de respuesta a derechos de petición y 76 por acción, omisión o extralimitación en las funciones.
Una entidad con “dientes” para sancionar, revocar licencias, poner en cintura nada más y nada menos que a las empresas privadas que tienen en las calles del país a 325.059 hombres a su servicio, 98.853 armas de uso personal y 1.454 con licencia.
Un verdadero arsenal si se tiene en cuenta que la Policía Nacional, según cifras oficiales, tiene 183.992 integrantes, entre ellos 179.315 uniformados y 4.677 no uniformados. Por su parte, el Ejército cuenta con 223.150 miembros, la Armada Nacional con 56.400 y la Fuerza Aérea con 13.650.
En otras palabras, la seguridad privada del país, vigilada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, equivale al 71,84 % del tamaño de la Fuerza Pública.
Y es allí donde la delincuencia ha buscado mimetizarse, entre otros motivos, para evadir controles de la Fuerza Pública y reducir el riesgo de capturas, procesos judiciales por porte ilegal de armas, entre otros tipos penales, amparados en la legalidad.
Pues se ha convertido en paisaje judicial capturar a personas por homicidio o sicariato que portaban carnés como vigilantes o escoltas, y cuyas armas de fuego aparecían con todos los permisos de ley. Criminalidad bajo el paraguas de la legalidad.
Y es justo allí donde se entretejen las historias de cabecillas de bandas criminales con empresas de seguridad privada.
El clan Vega Daza y Lost Prevention Ltda
La madrugada del 24 de octubre de 2022, el corregimiento de Sabanilla, en Puerto Colombia, vivió horas de terror. En la finca Mediterrané, en el sector de Punta Roca, una fiesta de cumpleaños terminó en tragedia. Durante casi una hora se dispararon armas de fuego como si se tratara de fuegos pirotécnicos.
El homenajeado era Jonathan José Ospino Illera, alias «J23», quien, entre paseo, son, merengue y puya vallenata, y convirtiendo el agua en whisky, quiso celebrar lo que él creía eran sus primeros 21 años de vida. Francachela y comilona, automóviles de lujo, mujeres y amigos.
Pero una mujer denunció haber sido agredida sexualmente, lo que generó una balacera sin tregua. El cumpleañero selló su vida con seis disparos: una bala se alojó en su pecho, otra en su abdomen, una más en la espalda, otra en su flanco derecho y dos más, una en su antebrazo izquierdo y otra en la zona lumbar izquierda.
Horas después, en el lugar se hizo el levantamiento de dos cadáveres: el de Ospino Illera, quien celebró, sin saberlo, su último cumpleaños, y el de Roy Ricardo Galea Reyes, de 38 años de edad.
En el mundo de la criminalidad, era el inicio de una nueva guerra. El primero era el sobrino consentido de Álvaro Luis Ospino Illera, alias «la Negra Dominga», y el segundo era escolta de Roberto Vega Daza.
Tras los primeros actos urgentes, las autoridades se percataron de que las armas que se usaron en ese cruce de disparos estaban vinculadas a la persona jurídica Seguridad Privada Lost Prevention Ltda.
Según múltiples declaraciones recopiladas por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, sobre lo que sucedió en aquella celebración, integrantes del clan Vega Daza estuvieron en el lugar e hicieron parte de la fiesta.
Contexto criminal, de generación en generación
Para entender lo que desató la riña en esa celebración de cumpleaños hay que remontarse a las décadas de los setenta y ochenta, cuando dos estructuras controlaban las rutas de la marihuana.
El primer clan lo inició Wildron Gabriel Daza Mejía, alias «Gabi Daza», integrante del Cartel de la Costa y quien en su momento estuvo al servicio del Cartel de Medellín, bajo el mando de Pablo Escobar. Luego cambiaría de bando bajo el paraguas del Cartel de Cali y los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
Cuando se derrumbaron ambos carteles, Daza reclutó a su propia familia y estructuró su grupo criminal, controlando rutas del narcotráfico, estupefacientes, armas, extorsiones y homicidios, entre otros delitos.
En virtud de esa actividad criminal, asesinaron a siete integrantes de los Daza. El control entonces lo tomó la siguiente generación, liderada por Rafael Vega Cuello, esposo de una Daza.
El matrimonio, junto con sus hijos Ronald Iván, Ray y Roberto Carlos Vega Daza, se quedó con el negocio criminal, ampliando su campo de acción a los departamentos de La Guajira, Cesar y Bolívar.
En octubre de 2022 fueron invitados al cumpleaños del sobrino de Álvaro Luis Ospino Illera, alias «la Negra Dominga». Se trata de otro líder criminal con orígenes en Venezuela y jefe de una estructura denominada Los Piloneros, comandada por Víctor Reales, mano derecha del narco venezolano Walid Miller García. En ese cumpleaños se armó una balacera que se prolongó durante 40 minutos.
La Negra Dominga juró vengarse y dos meses después, según fuentes judiciales, inició el exterminio de los Vega Daza, a manos del grupo criminal Los Costeños, comandado por Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias «Castor», a quien, según versiones, le habrían pagado $1.500 millones para asesinar a los Daza.
Un crimen que se materializó el 29 de junio de 2023 en una casa ubicada en un acomodado sector cercano a Barranquilla. En el exclusivo barrio Villa Campestre, también en Puerto Colombia, en plena área metropolitana, fueron asesinados Rafael Julio Vega Cuello, alias «Kike Vega»; Ray Jesús Vega Daza y Ronald Iván Vega Daza.
Nuevamente, en medio de los actos urgentes y las primeras pesquisas, se estableció que los Vega Daza tenían como escoltas a personas adscritas a la empresa Lost Prevention Ltda., que portaban armas de fuego de largo alcance y vehículos con blindaje niveles 2 y 3. «(…) en el interior de la vivienda de las víctimas fueron halladas armas de fuego y municiones de dicha empresa», reza un informe en poder de la Agencia de Periodismo Investigativo.`
En su momento, alias La Negra Dominga señaló: “Dejo constancia que no tengo nada en contra de nadie, es decir, en contra de ningún ser humano, no tengo sed de venganza, ni nada que se le parezca. Así que esta situación es propiciada, precisamente, por la actividad que, según los medios de comunicación, tenían Beto (Roberto Vega Daza) y su familia….Yo soy la víctima, que, de paso sea dicho, no pertenezco a ninguna organización criminal…”. Y agregó: “Es claro que el móvil de tales asesinatos (Vega Daza) es el narcotráfico y los autores de los mismos son las bandas criminales a las que esos muertos pertenecían, conforme a lo dicho por las autoridades y los medios de comunicación españoles”.
Alianza macabra
Al ataque sobrevivió Roberto Carlos Vega Daza, quien buscó a alias «Digno Palomino», líder de los Pepes y enemigo de alias «Castor». Vega Daza. Presuntamente ordenó el asesinato del padre de alias «Castor» y buscó refugio en España para montar desde allí su estructura criminal, pero enfrentamientos con narcos marroquíes derivaron en la muerte de Roberto Carlos Vega Daza, alias «Beto», y uno de sus primos.
Pero el exterminio de ese clan no terminó con esos hallazgos. El 26 de abril de 2024, en la calle 74 con carrera 26, en el barrio Colombia de Barranquilla, fue capturado Ángel Carrillo López, alias «Comandante Thomas», quien figuraba, según documentos en poder de esta Agencia, como socio de Lost Prevention.
Dos días después de su aprehensión, el 4 de abril de 2024, fue registrada en un acta que se elevó a escritura pública número 367, en la Notaría 11 de Barranquilla, una cesión de cuotas sociales.
Esta empresa de vigilancia y seguridad privada fue constituida mediante escritura pública número 116 del 4 de febrero de 2009 en la Notaría 11 de Barranquilla e inscrita en la Cámara de Comercio de dicha ciudad el 1.º de marzo de 2010.
El 15 de julio de 2020, en medio de la pandemia, mediante resolución 2020-0937046 se le otorgó por diez años licencia de funcionamiento para operar en la carrera 44 con calle 80, en Barranquilla, en las modalidades de vigilancia fija, vigilancia móvil, servicio de escolta a personas, vehículos y mercancías, uso de armas de fuego, medios tecnológicos y servicios conexos de consultoría, asesoría e investigación en seguridad privada.
Según documentos en poder de esta Agencia, el capital registrado ante la Superintendencia fue de $438 millones, en cabeza de tres accionistas: Martha Lucía López de los Ríos, con 500 cuotas y un aporte de $50 millones; Ángel Alberto Carrillo López, con 388 cuotas equivalentes a $38,8 millones; y Lilian Dolores López Romano, con 3.492 cuotas equivalentes a $349,2 millones, quien además quedó registrada como gerente, y Genius Milena Peña Urrutia como representante legal.
En su momento, Rafael Vega Cuello, alias «Kike», y otrora líder de ese clan, fungió como directivo de dicha empresa, incluyendo el respectivo carné que lo acreditaba como tal.
Otros socios
Pero no era el único. Con documentación de dicha empresa figuraron también Ronald Iván Vega Daza, alias «el Mono»; Roberto Carlos Vega Daza, alias «Beto», y Ray de Jesús Vega Daza, alias «el Menor», hijos de Rafael Vega Cuello, quienes aparecían como escoltas vinculados a la empresa, por lo cual tenían armamento legal asignado a esta, tal como quedó registrado en actas de entrega y custodia.
Por su parte, Jorge Mauricio Salazar López, alias «Primo», también figuraba como escolta y coordinador del departamento de armamento de dicha empresa.
El pasado 6 de junio, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, luego de información evidenciada en un debate de control político, inició un proceso sancionatorio contra dicha empresa y decretó medidas cautelares.
Como si lo ocurrido alrededor del clan Vega Daza y la firma Lost Prevention no hubiera sido grave en materia de seguridad y orden público, la empresa interpuso recurso de reposición. Aseguró que una visita de inspección y la información de la Fiscalía eran insuficientes para que dicha sanción tuviera validez.
A pesar de que sobre los hechos existen tres noticias criminales —una que cursa en la Fiscalía 21 Seccional de Bogotá, otra en la Fiscalía 2 de Barranquilla y una más en la misma jurisdicción—, la sociedad asegura que presentó un derecho de petición a la Fiscalía, indagando sobre si a la fecha existían procesos penales que involucraran a la empresa o a su representante legal, y esta respondió negativamente.
Asimismo, aseguraron que no existe un peligro inminente o un riesgo grave que justifique la suspensión total de la licencia. A dicho recurso se aportó una respuesta de la Fiscalía asegurando que: “sobre el particular, debo manifestar que la señora Lilian Dolores López Romano y Seguridad Privada Lost Prevention no se encuentran indiciadas ni vinculadas dentro de alguna investigación adelantada con radicado 202300001 contra Nicolás Petro Burgos”.
Aunque dicho radicado no coincide con las tres noticias criminales relacionadas con lo sucedido con el clan Vega Daza, la fiesta de cumpleaños que terminó en tragedia, la posterior masacre y la captura posterior de uno de sus otrora trabajadores.
Esta la primera de varias entregas, de algunas empresas de seguridad con licencia otorgada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que dejan más dudas que certezas por sus antecedentes, vínculos y actividades.
Espere segunda entrega.
Otras investigaciones
