Como pocas veces se había visto en tribunales de arbitramento, está previsto que para este miércoles 5 de noviembre se defina un controvertido laudo entre las empresas Canacol Energy, empresa colombo-canadiense, y la compañía nacional VP Ingenergía S. A. S., con pretensiones de parte y parte que suman alrededor de los US$70 millones.
Una cifra que tiene en vilo a las dos compañías en dificultades por la baja de la producción de gas en el país y negocios entre sí, pero en una disputa con todos los ingredientes de una guerra empresarial sin tregua.
Cuestionamientos entre las compañías, procesos en Fiscalía, amenazas, polémicos informes confidenciales, intervención de prestigiosos abogados e infidelidad empresarial, entre otros, son algunos de los ingredientes de un variopinto cóctel de reclamaciones y señalamientos en todos los ámbitos.
Las empresas protagonistas del litigio a decidir tienen un denominador común: comienzo rutilante en el mundo de los hidrocarburos desde hace casi tres décadas y un ocaso con pleno de acusaciones.
En el medio, tres árbitros en un hermético litigio que cursa en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, CCB. Son ellos: Marlene Durán Camacho, Catalina Hoyos Jiménez y José María del Castillo Abello. Algunos de sus procedimientos han sido objetados mediante acciones judiciales por parte de Canacol Energy. Al respecto, fuentes allegadas al caso destacaron su trayectoria e independencia en el tribunal de arbitramento.
De Colombia a Canadá
La primera compañía en litigio es Canacol Energy, CNEOG Colombia Sucursal Colombia, y su filial Canacol Energy Colombia S. A. S. Se trata de compañías de origen colombiano cuyo éxito empresarial se fortaleció por el interés del fallecido magnate venezolano Gustavo Cisneros y luego de inversionistas canadienses, hoy mayoritarios.
Así las cosas, se mantiene en la compañía una propiedad mayoritaria de la empresa entre canadienses, otro porcentaje menor de las herederas de Cisneros y un pequeño paquete accionario de colombianos. Actualmente, sus acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto, en la OTCQX de los Estados Unidos de América y en la Bolsa de Valores de Colombia.
Canacol Energy es una compañía que surgió en 2008 y que se define como: “el mayor productor independiente de gas natural en Colombia”, que en 2012 adquirió Shona Energy Company y que hasta hace pocos años descolló sin tacha. Esto con participaciones en contratos, ganar varias rondas entre 2014 y 2021 en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, e incursionar en la perforación de exploración y evaluación, superando los 44 pozos exitosos.
Una operación dirigida por su presidente norteamericano Charle Gamba, con más de 30 años de experiencia en empresas del sector en Asia, África y América. Hoy es considerada la segunda productora de gas del país, después de Ecopetrol.
Según la propia empresa, su situación es inmejorable y así la define: “Al cierre de 2024, Canacol tiene un impresionante historial de éxito en la exploración de gas de aproximadamente el 80 %. Entre 2013 y 2024, hemos agregado 985 BCF de reservas de gas natural convencional 2P por la exploración y el éxito comercial en 44 de los 54 pozos perforados, lo que representa una TACC del 17 % en nuestras reservas 2P”.
Con otra incursión internacional en 2023. La compañía invirtió en tres contratos de exploración y producción en yacimientos de gas en Bolivia con inversiones proyectadas en cinco años de US$27 millones.
Todo esto en el contexto de una difícil relación con las comunidades en la Estación Hobo, los yacimientos de Ciénaga de Oro y Porquero, el Campo Clarinete y la planta El Tesorito, en los municipios de Córdoba y Sucre, entre otras, que con frecuencia obstruyen las operaciones de la compañía solicitando recursos y mayores beneficios sociales.
Zona gris
No obstante, la postura pública positiva de la empresa, en los últimos meses todo parece transformarse. Ante organismos de control, la compañía tiene millonarias reclamaciones económicas en dólares en su contra, en deudas estimadas en US$700 millones, según reportes oficiales.
A esto se suma una carta que la compañía radicó el pasado 18 de julio ante la ANH. En la comunicación informó que inició un proceso para transferir siete contratos de exploración y producción a Cantana Energy Sucursal Colombia, una de sus subsidiarias. Un asunto que está en estudio en la ANH.
Una misiva con cifras, que desde que se radicó hace más de tres meses, generó nervios en los inversionistas y más dudas que certezas en el sector. Esto porque la situación financiera de Cantana Energy registra millonarias pérdidas y otras dificultades en los últimos años.
Con otro lío mayor, una denuncia internacional. Un negocio entre Canacol y Afinia, filial de EPM, para el suministro de gas, estimado en cinco billones de pesos, en el cual se habrían pagado presuntas comisiones.
El denunciante, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, formalizó la entrega de un paquete de documentos a representantes diplomáticos de Estados Unidos en Colombia, en los que se detallan presuntas operaciones financieras irregulares relacionadas con el exalcalde Daniel Quintero.
Las denuncias del mandatario antioqueño incluso llegaron a oídos del senador republicano Bernie Moreno, muy cercano a Colombia, quien pidió investigación profunda a las autoridades en Estados Unidos y Colombia, como quiera que el asunto se habría negociado en Miami entre ciudadanos colombianos y venezolanos. Un hecho que la empresa desmiente, pero que está en indagación por parte de las autoridades.
Otro reconocido directivo y conocedor del sector no ocultó su inquietud por lo que puede pasar: “Conozco de Canacol y los mercados afuera tienen casi certeza que no va a tener con qué pagar las deudas del 28”.
La contraparte
El rival en el litigio es la compañía colombiana VP Ingenergía. Fundada en 2009. Como comercializadora de gas ha firmado diversos contratos con Tebsa, Cemex y la propia Canacol, entre otras compañías. El objeto esencial: ser intermediaria entre productores y clientes en el suministro del hidrocarburo.
Con este negocio ganó notoriedad en la industria en el pasado y litigios en el presente. Una compañía de origen santandereano que, se ha documentado, comenzó a tener éxito, entre otros factores, por sus contactos. Por ejemplo, una supuesta cercanía de sus dueños con el exgobernador de Santander y expresidente de Ecogas, hoy TGI, Juan Carlos Duarte Torres. Un directivo experto en hidrocarburos que en agosto de 2016 fue condenado a 60 meses de prisión por la firma de un millonario contrato para la operación de un gasoducto.
La cabeza de VP Ingenergía es Álvaro Augusto Vargas Bravo. Un empresario del sector que hoy reside en Estados Unidos y que está en el ojo del huracán por sus actividades comerciales.
Uno de los líos es justamente un litigio por la comercialización del gas producido por Canacol Energy. En esencia, el millonario litigio por tres contratos de suministro de gas y uno de transacción firmados entre 2016 y 2022 por las dos empresas.
En el pleito, en esencia, Canacol argumenta causas extrañas, fuerza mayor y fallas en las pólizas de garantía, hechos que incluso derivaron en un proceso contra uno de los vicepresidentes de la misma empresa canadiense.
Por su parte, VP Ingenergía, encargada de la comercialización de gas de Canacol, está solicitando que la empresa cancele dineros adeudados por la comercialización derivada, especialmente de negocios con Termobarranquilla, Tebsa, el mayor generador de energía de Colombia, para lo cual requiere el suministro de gas.
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, habló con cerca de diez fuentes que hacen parte en el caso que omitieron pronunciarse oficialmente sobre el litigio por confidencialidad pactada con las empresas. Sin embargo, explicaron la esencia del litigio.
“Las partes pactaron los contratos, Canacol suministra el gas y VP lo comercializa para Tebsa. Pero ha tenido dificultades técnicas por aparición de agua en la extracción de gas, ello ha limitado la producción y además argumenta fallas en las pólizas y reintegro de recursos, por esto exige el pago de dineros. A su vez, VP exige a Canacol pagarle por un supuesto incumplimiento en los contratos y no giro de dineros tras haber comercializado el gas. De allí la convocatoria del tribunal de arbitramento en Colombia y el exterior”, explicó un conocedor del caso y reiteró que las pretensiones se acercan a los US$70 millones.
Avalancha de líos
Pero al tiempo que está ad portas de definirse el millonario pleito, en la justicia penal el camino es variado. Contra Álvaro Augusto Vargas Bravo se tramitan en la Fiscalía varias causas.
Un proceso por los presuntos delitos de estafa agravada y concierto para delinquir, esto en la Fiscalía 236 Seccional. Otro por los presuntos delitos de alzamiento de bienes y lavado de activos, en la Fiscalía 99 Especializada. Y un tercero que avanza en el ente acusador por administración desleal, derivado de supuestas acciones de un exvicepresidente de Canacol que habrían favorecido a VP.
Con otro detalle: esta Agencia conoció que hace un par de semanas Vargas estaba llamado a imputación de cargos, pero la Fiscalía decidió posponer la audiencia hasta tanto no se resuelva el tribunal de arbitramento, evidenció otro de los conocedores del proceso. Se ha conocido, además, que el denunciado Vargas vive actualmente en Estados Unidos.
Sin embargo, otro documento oficial reservado y divulgado por el periodista Alfredo Serrano, agregó un componente adicional a los señalamientos. Se trata de un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, que detalla movimientos económicos por parte de tres personas relacionadas con la empresa VP Ingenergía, fechado el 13 de diciembre de 2024 y enviado a Aura Lilia Trujillo Rojas, delegada para las Finanzas Criminales, por Luis Eduardo Llinás Chica, director de la entidad.
En concreto, de Álvaro Augusto Vargas Bravo, de Patricia Cristina Peña Amaya, quien sería su pareja, y de Darling Yesenia Neira Caro, mencionada como asistente de Vargas Bravo.
En el caso de este último, por ejemplo, detalla que, mientras en 2017 tenía activos fijos por $4.262 millones, el año pasado sus movimientos en cuanto a ingresos y egresos habrían superado los $700.000 millones.
A esto se suma la presunta vinculación accionaria de Vargas con Santandereana de Servicios Públicos, Fundación para la Conservación del Medio Ambiente, VP Ingenergía S. A. S., Gaspet Ingeniería S. A. S., VP Renting S. A. S., Gastram S. A. S. y KJE Terminal GNL.
Con respecto a Patricia Cristina Peña Amaya, quién pese a que no registra en las bases de datos oficiales actividad económica alguna, el reporte la sitúa con manejo de recursos que pasaron de veinte millones de pesos en el año 2019 a movimientos por cerca de $732.000 millones en 2023.
También ha llamado la atención de la UIAF el caso de Darling Yesenia Neira Caro, por movimientos en ingresos y egresos que superan el medio billón de pesos en los últimos años.
Estas, entre otras cifras plasmadas en el informe del organismo de inteligencia financiera remitido a la Fiscalía, son objeto de verificación por parte del ente acusador y, seguramente, de explicaciones de los tres mencionados.
Entorno de amenazas
Al complejo asunto entre las dos compañías se suma otro aditamento: una denuncia en la Fiscalía por amenazas que Jaime Lombana, Juan David Riveros y David Espinosa, tres reconocidos penalistas, radicaron el pasado 18 de septiembre.
Todo se originó cuando Juan Guillermo Mendoza Gómez, abogado de Canacol, en desarrollo del tribunal de arbitramento con VP Ingenergía, aseguró que recibió información de carácter intimidante orientada a que se apartara de la representación judicial de la compañía Canacol.
El apoderado, según la denuncia, “lo expresó a los abogados que nos encontrábamos en una reunión virtual informándonos y analizando los hechos del caso. Tales hechos fueron puestos en nuestro conocimiento en el curso de una reunión virtual celebrada el día veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)”.
Y señala que Mendoza “informó haber recibido una llamada telefónica de una persona conocida por él —cuyo nombre no reveló—, quien le manifestó tener conocimiento de sus litigios contra VP Ingenergía S. A. S. E. S. P., advirtiéndole que debía ‘tener cuidado’ porque Álvaro Augusto Vargas Bravo, representante de esa compañía, ‘era una persona muy peligrosa’”.
Más adelante, en la denuncia en poder de esta Agencia (ver facsímil), Mendoza “expresó sentirse muy preocupado por la situación y entonces nuestra reacción, consejo y sugerencia inmediata fue que debía ponerse en conocimiento de la justicia, pues nosotros entendíamos que la amenaza no era individual sino también al equipo jurídico que acompañamos la empresa Canacol Energy Colombia S. A., profunda, al percibirlo como una advertencia de carácter intimidatorio que, por su origen y contenido, trascendía el ámbito de lo personal para convertirse en una amenaza GRAVE E INADMISIBLE en contra de su integridad y del ejercicio profesional de abogado”.
Por esta razón, los tres abogados, quienes informaron que ejercen la representación de Canacol en otros asuntos de índole penal, constitucional y disciplinario, “nos sentimos en la obligación jurídica de poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación estos hechos, a fin de que se investigue si los mismos constituyen una amenaza cierta contra la integridad del doctor Mendoza Gómez y de quienes, junto a él, adelantamos la representación judicial de los intereses de Canacol Energy Colombia S. A.”. De paso, sugirieron ampliar la denuncia.
Al respecto de la actuación penal, ninguno de los tres abogados quiso pronunciarse, al igual que los apoderados del empresario Vargas Bravo.
Son los aditamentos jurídicos de una serie de controversias derivadas de un tribunal de arbitramento en momentos de dificultades en la exploración de gas, la disminución de reservas, el aumento de precios y dos empresas con más sombras que luces. Como siempre, la justicia tiene la última palabra.
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