En los últimos meses, en círculos judiciales, políticos, ciudadanos y policiales se ha expresado la preocupación por el hecho que miembros activos de la Policía Nacional, hacen parte de organizaciones criminales. Reportes oficiales, dan cuenta que en lo que va corrido del año, no menos de una decena de bandas dedicadas a delinquir son integradas por efectivos. Por ello, crece la inquietud, al tiempo que las mismas autoridades buscan hacerle contrapeso al que se considera fuego amigo.
Los casos son cada vez más frecuentes. Hace unas semanas, Jhon Freddy Cartagena Parada, expresó su intención de vender su vehículo. Un negocio que finalmente se efectuó a cambio de $40 millones en efectivo que le entregaron al comerciante. Lo que no sabía el vendedor era que tres miembros de la Policía tuvieron conocimiento de la transacción y allí comenzó su tragedia.
Cartagena Parada, satisfecho por la venta del automotor en Bogotá, tomó un taxi y junto a dos personas abordó el carro con el propósito de consignar los dineros en un banco. Sin embargo, a pocas cuadras fue sorprendido porque otro vehículo que los interceptó. De inmediato, salieron tres hombres que los intimidaron con armas de fuego. Paradójicamente, los acompañantes de la víctima fueron obligados a transportarse en un vehículo de la policía y la víctima se quedo en el taxi en compañía de dos uniformados que se subieron y cuadras después lo despojaron del dinero.
La denuncia no se hizo esperar. Tratándose de miembros de la Fuerza Pública, uno de los afectados se armó de valor y relató lo sucedido. Su testimonio ha sido clave porque permitió empezar a identificar a los policías. Entonces, como los señalados efectuaron el hurto con elementos de la institución y aprovechando su condición de autoridad, olvidaron que testigos los identificaron por número de chaleco, prueba esencial que encaminó la investigación al número de placa, dependencia de la institución donde trabajaban y nombre de los uniformados.
Con el avance de las pesquisas se determinó que los tres uniformados pertenecían a la Metropolitana de Bogotá, Mebog. Fueron identificados como Jhon Jairo Gutiérrez Hernández, Juan Carlos Bolívar Garzón y Johan Sebastián Barrera Ramírez. Así las cosas, a finales del año pasado fueron capturados, privados de la libertad y acusados. Frente a los cuestionamientos de la justicia, los procesados no aceptaron cargos. El próximo viernes 22 de marzo, los uniformados deberán acudir de nuevo a la justicia en la audiencia preparatoria.
Este caso hace parte de la amplia estadística conocida por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, que da cuenta, que solo en Bogotá, el año pasado fueron desarticuladas cerca de 220 bandas que operan en la capital de la República. Algunas de ellas, con participación de uniformados de la policía. Una situación, que además de representar una preocupante cifra, inquieta a las autoridades.
Un funcionario de la justicia que trabaja en el tema manifestó que, “hay preocupación en varias entidades por la participación de miembros de la Fuerza Pública en bandas delincuenciales”. Por su parte, un abogado penalista, experto en este tipo de casos indicó que “esta conducta ha venido aumentando en el último tiempo, porque en la medida en que algunos uniformados hacen alianzas con bandas, adquieren un doble poder, ya que cobijan sus actividades ilegales con la condición de autoridad legal, hecho que hace más difícil su judicialización”.
Esta semana, el asunto se volvió a repetir. Una investigación adelantada por la Fiscalía y la propia Policía Nacional evidenció una banda que mediante falsas diligencias de allanamiento y ordenes de captura cometía hurtos y extorsiones. De esta manera, fueron capturados el capitán Andrés Felipe Vera Escobar, el intendente Celio Elías Zuluaga Arias y el patrullero Wilmer Mahecha Olaya. Un caso en el que también están siendo procesados otros dos subintendentes, dos intendentes y un patrullero, quienes fueron dejados en libertad, pero continúan vinculados al proceso.
El reporte oficial da cuenta que la organización venía trabajando desde hace varios meses y se vieron incursos en hurtos por más de $500 millones, en una banda que tenía como presunto cabecilla a un expolicía identificado como José Edwin Vera Vera, alias ‘El Loco’. Otros registros, dan cuenta de seis bandas criminales detectadas este año en Bogotá, que tenían como común denominador la participación de uniformados de la Policía.
A nivel nacional, el panorama también inquieta. Hace un mes, en Buenaventura fueron capturados cuatro policías por una presunta extorsión a un comerciante. La semana pasada, otros cinco, adscritos a la Sijín de Sucre, fueron judicializados por exigir dinero a ciudadanos a cambio de no judicializarlos. En Montería, dos agentes del orden fueron capturados en las mismas.
En Villavicencio, también fueron aprehendidos recientemente dos policías, tres expolicías y siete civiles por integrar una banda dedicada a asaltar personas, robar residencias y a comerciantes. En Medellín, para citar un caso, los patrulleros Jorge Gómez y Darwin Sánchez fueron judicializados por extorsionar supuestamente a un comerciante. En Pasto, en las últimas horas fue capturado por la Sijín y el FBI con fines de extradición a Estados Unidos, Jhonger Preciado Escobar. El uniformado es investigado por narcotráfico y requerido por una Corte del Distrito Sur de La Florida, Estados Unidos.
Un informe interno de la institución presentado hace cinco meses, por el entonces director de seguridad ciudadana, el general Ómar Rubiano, estima que cada dos días se captura a un policía por haber cometido un delito. Según el informe, entre enero y septiembre de 2018 fueron aprehendidos 450 uniformados incursos en delitos como concusión, extorsión y hasta secuestro.
La lista de casos es amplia y de allí la preocupación del gobierno y las propias autoridades. Es evidente, que el grueso de miembros de la Policía Nacional, cerca de 180.000, son funcionarios comprometidos con su labor. Por ello, tanto al interior como fuera de la institución continúan adelantando diversos programas para prevenir o detectar a aquellos uniformados que afectan a la institución con sus comportamientos.
A finales del año pasado asumió como nuevo director de la Policía, el general Óscar Atehortúa Duque y de inmediato comenzó a ejecutar el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 ‘Colombia Bicentenaria- Seguridad con Legalidad’. Se trata la carta de navegación de la institución para los próximos cuatro años que tiene como propósito estar más cerca del ciudadano y consolidar la seguridad como prioridad nacional. Justamente, una de las líneas esenciales del plan es el fortalecimiento de la política integral de transparencia en la institución, por ello, pese a las malas noticias que están entregando algunos policías corruptos, el panorama puede ser esperanzador si se aplican los postulados del plan estratégico.
