Luis Gustavo Moreno Rivera pasó del cielo al infierno en un segundo. Lo perdió todo. De ser considerado una prominente figura del derecho penal que desde el litigio y la academia descifró el entramado de los falsos testigos, autor de libros sobre la materia y lograr a los 35 años de edad la designación como jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, a ser el referente de la corrupción en la justicia como protagonista del ‘Cartel de la Toga’.
Perdió su prestigio, sus bienes y su libertad. Como si esto fuera poco, desde el Centro Penitenciario CL Rivers de Carolina del Norte, en Estados Unidos, ahora debe defender lo único que le queda, su única hija S. M. R.* de cinco años de edad, a quien está a punto de perder porque Carolina Rico Rodríguez, madre de la menor, lo demandó para quitarle la patria potestad de su pequeña argumentando que está purgando una condena por corrupción.
“El delito que se predica del señor Luis Gustavo Moreno Rivera contraviene todos los principios morales y éticos, por tanto no puede predicarse que constituya un buen ejemplo ni paradigma de virtudes para un hijo”. Este es uno de los argumentos principales de la demanda que interpuso el apoderado judicial de quien fue durante varios años su compañera sentimental, Carolina Rico Rodríguez.
El Código Civil en su artículo 315 contempla cinco causales de emancipación judicial o pérdida de la patria potestad de los hijos. El artículo 4 establece como una de ellas el haber sido condenado a pena privativa de la libertad superior a un año.
Y esta es justamente la causal en la que está inmerso Luis Gustavo Moreno. Una de las pruebas que aportó la madre de la menor es la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 7 de marzo de 2018 mediante la cual se condenó a Luis Gustavo Moreno a 58 meses y 15 días de prisión, una multa de 43.5 salarios mínimos y la inhabilidad de ejercer cargos públicos durante 48 meses como autor de los delitos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada.
Los hechos en los que se enmarcó la condena se derivan de la expedición de la resolución 30 de septiembre de 2016 mediante el cual el Fiscal General nombró a Luis Gustavo Moreno fiscal delegado ante el Tribunal Superior del Distrito asignado a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción.
Dentro de sus funciones estaba dirigir y coordinar las investigaciones, adelantar los comités técnico jurídicos de revisión de las situaciones y los casos e identificar y delimitar situaciones y casos susceptibles de ser priorizadas. En otras palabras, por su despacho pasaban todas las indagaciones e investigaciones en materia de corrupción del país.
Una de las investigaciones que tenían a cargo fiscales adscritos a la unidad que dirigía Moreno Rivera era el tratamiento de enfermos de hemofilia y la contratación de recursos provenientes de las regalías en el departamento de Córdoba, por estos hechos la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte adelantaba investigaciones en contra de Alejandro Lyons Muskus, gobernador de Córdoba entre los años 2012 y 2015. Moreno como director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía solicitó información y participó en comités en los cuales informaba avances y proyecciones de estos casos.
En noviembre de 2016, cuando apenas llevaba un poco más de un mes en el cargo, Moreno le delegó una misión al abogado Leonardo Pinilla Gómez, comunicarle al exgobernador Lyons que a cambio de dinero él le ayudaría a obstruir la investigación que en su contra cursaba en la Fiscalía.
Tres meses después Moreno Rivera, se enteró que dos personas estaban dispuestas a declarar en contra del exgobernador Lyons, se trataba de Maximiliano García Bazanta y Jesús Eugenio Henao Sarmiento quienes estaban negociando un principio de oportunidad con el ente acusador. El entonces fiscal Moreno y el abogado Pinilla le expresaron a Lyons que por la suma de $100 millones le darían copia de las declaraciones confidenciales de estos testigos.
Entre el 15 de marzo y el 20 de abril de 2017, Luis Gustavo Moreno tuvo acceso a nueva información en contra de Alejandro Lyons. En los comités que se desarrollaron fiscales habían priorizado los casos del Puente Valencia y el Coliseo Happy Lora también en Córdoba, cómo posibles delitos. De esta manera el 9 de mayo, la Fiscalía anunció que a Alejandro Lyons le serían imputados 20 delitos.
Dos semanas después el abogado Pinilla viajó a Estados Unidos para llevarle a Alejandro Lyons un nuevo mensaje de Moreno, su captura era inminente pero él desde su cargo de jefe de la Unidad Anticorrupción estaba dispuesto a ayudarle desacreditando los testigos en su contra.
Entre el 11 de abril y el 5 de junio de 2017, Moreno Rivera filtró información a algunos medios de comunicación del proceso en contra de Jesús Eugenio Henao Sarmiento como método, según la justicia, de presionar a Lyons para que pagara el dinero que le había pedido. Sin embargo, Moreno Rivera desconocía que en la segunda semana de mayo se había radicado en la Fiscalía un anónimo en su contra en el que se narraba la relación entre él y el abogado Leonardo Pinilla y que se iban a reunir en Estados Unidos con Lyons para exigirle dinero.
Tampoco sabía que Lyons había llegado a un acuerdo de colaboración con la justicia de los Estados Unidos y que serían ellos los que se encargarían de constituir las pruebas en contra de él y su emisario Pinilla en la reunión que sostuvieron en ese país.
Pocos días después la Fiscalía le imputó cargos a Moreno Rivera ante la Corte Suprema de Justicia por ser un funcionario con fuero y el 19 de julio de 2017 se allanó. Moreno no solo aceptó su responsabilidad si no que en el marco de un principio de oportunidad entregó una matriz de Colaboración mediante la cual se desmantelaría una empresa Criminal de comercialización de fallos en la justicia denominada el 'Cartel de la Toga'.
Pero ni las cartas que ha hecho públicas en la que dice estar avergonzado y arrepentido de lo que hizo, la colaboración con la justicia que ha permitido la judicialización de otros implicados como los exmagistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Gustavo Malo, así como los congresistas Mussa Besaile, Álvaro Ashton, Julio Manzur, Nilton Córdoba y Argenis Velasquez y los exgobernadores Juan Carlos Abadía y Alejandro José Lyons y tampoco la solicitud de extradición abreviada que realizó a la Corte para pagar su condena en Estados Unidos, le valieron el perdón de su excompañera sentimental Carolina Rico.
El juez de familia, el pasado 2 de mayo admitió la demanda de pérdida de patria potestad de la niña S. M. R. y ordenó notificar mediante emplazamiento a todos los parientes de la niña de su línea materna y paterna que tienen ingerencia en dicho proceso.
Días después el abogado de Carolina Rico le solicitó al juez decretara unas medidas cautelares dentro del proceso. La autorización al abuelo materno de la menor, Miguel Dario Rico Acosta para que tramite la renovación del pasaporte americano de la menor ante la Embajada de Estados Unidos y se permita la salida del país de la niña. Paradójicamente el 19 de agosto de 2011, Rico fue capturada por tráfico de estupefacientes, estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor, pero su entonces abogado Luis Gustavo Moreno logró que fuera absuelta.
“Las anteriores medidas se tornan indispensables pues el padre de la niña, Luis Gustavo Moreno Rivera, demandado, está condenado y privado de la libertad, pagando condena por delitos graves cometidos en los Estados Unidos de América (...) circunstancia que lo tiene aislado para cumplir con estos requisitos, por lo que la niña se encuentra apartada de la madre, residente en Estados Unidos.
Es la primera vez que un funcionario judicial jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción no solo recibe una dura condena por sus comportamiento sino el reproche de su pareja que busca quitarle legalmente su condición de padre de familia. En pocas semanas el juez debe decidir la petición de la madre de la menor.
*Por disposición legal se mantiene en reserva el nombre de la menor.
