Una crisis institucional agobia el país. En menos de 24 horas, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, presentó escrito de acusación en contra de Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de Casación Penal. De igual forma, compulsó copias en contra del exfiscal Eduardo Montelagre, su vicefiscal Jorge Perdomo y el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño, por su presunta participación en el ‘cartel de la toga’.
Ese mismo tribunal, ordenó la privación de la libertad en establecimiento carcelario en contra del exmagistrado, Gustavo Malo. Por su parte, la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP, dejó libre a Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias 'Jesús Santrich', supuestamente porque no pudo establecer la fecha en la que ocurrieron los hechos por los cuales una corte de Estados Unidos, solicitó su extradición. Un asunto que generó, como consecuencia la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y la vicefiscal, María Paulina Riveros. Una intempestiva seguidilla de hechos que tienen al país en incertidumbre.
Precisamente, la renuncia del fiscal Martínez, parece ser la cereza que le faltaba al pastel y que dejó un gran vacío institucional. Una crisis que se remonta al denominado plebiscito por la paz. Es evidente que desde que no fue aprobado en las urnas, Colombia quedó polarizada. Y una frase que ha traído consecuencias, refleja el daño que ha hecho esa división que con los días parece profundizarse “los amigos y enemigos de la paz”. Desde entonces, el país no volvió a ser el mismo.
Con la llegada del presidente Iván Duque a la Casa de Nariño y con un discurso de posesión esperanzador, bajo la premisa de unir al país y sacarlo de esa polarización, renació la ilusión. Sin embargo, con la decisión de hacerle una reingenieria a las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, se generaron las primeras consecuencias. En muy pocos días, Duque perdió la gobernabilidad en el Congreso.
La falta de representatividad de los partidos en los cargos del gobierno nacional propició un hecho sin precedentes. La unión de los partidos pero en contra de las iniciativas legislativas del Ejecutivo. Un hecho que se materializó en los primeros días con la elección de Contralor General, pues fue la alianza de los partidos de la U, Liberal y Cambio Radical la que permitió que por primera vez no se eligiera para este cargo de control al candidato del gobierno, que en este caso era el uribista purasangre, José Félix Lafaurie. Por el contrario, quien logró la mayoría de votos fue el pereirano, Felipe Córdoba.
Luego vino el pulso por establecer qué partidos se declaraban de gobierno y cuáles de oposición. En este punto, el partido de la U, en una desbandada generada por los congresistas Eduardo Pulgar y José David Name, lograron convencer a representantes a la Cámara de esa colectividad y otros senadores a declararse partido de gobierno. Sin embargo, fuentes al interior de ese partido señalaron que lo hicieron bajo la expectativa de la ‘mermelada’. Un hecho que no se ha cumplido como lo esperaban y que tiene incómodos a todos por igual en la U. Los que le apostaban a respetar el acuerdo con los liberales y los de Cambio Radical y ser parte de la oposición y los que promovieron ser de gobierno pero que no han logrado lo que querían, en vísperas de año electoral.
Pero proyectos de ley como el de las TIC, la reforma a la justicia, la reforma política, el paquete anticorrupción en el Congreso, entre otros, hicieron agua. Los pocos que se han aprobado, se hicieron con proposiciones modificatorias. Incluso, fuentes consultadas, aseguran que el Ejecutivo quedó en el peor de los mundos. De anunciar que no daría ‘mermelada’ a entregarla a cuenta gotas, sin resultados y a escondidas.
El más claro ejemplo de esta situación fue lo que sucedió con la objeción presidencial a seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP. “Las objeciones fueron un error de cabo a rabo, pues lo que hizo el mandatario fue demostrar falta de experiencia y el desconocimiento del manejo del Congreso”. advirtió un parlamentario y agregó que lo que procedía era haber presentado un proyecto de ley. “Era obvio que se iba poner en entredicho las objeciones del presidente por inconstitucionales”,advirtió.
Un hecho que demostró la falta de control del legislativo fue además la votación en el Senado de las objeciones, porque ni siquiera hicieron bien las cuentas. De nada sirvió la supuesta ‘mermelada’ que sus mismos compañeros de curul argumentan le dieron a dos parlamentarias Ana María Castañeda y Maritza Martínez del partido de la U, a quien, supuestamente a cambio de su ausencia en el momento de la votación, le nombraron en el consejo directivo de Cormacarena a Orlando Barbosa, quien fue el gerente de su campaña. Días después, se cayó ese nombramiento aparentemente por renuncia del designado. Y así, el gobierno se quedó sin el pan y sin el queso. Las cuentas que había hecho de que las objeciones se aprobarían con 47 votos, resultaron alegres, pues el pleno del Senado definió que eran 98 y no 97 votos.
Para los expertos consultados es necesaria la comparación de resultados legislativos entre el gobierno Santos y el gobierno Duque. Mientras que en la primera legislatura de la era Santos se aprobaron cerca de cien leyes en el actual mandato la cifra no supera los 10.
Y más se demoró en hacer agua las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, cuando saltó otro escándalo. La supuesta interceptación ilegal de las comunicaciones de los magistrados de la Corte Constitucional y días después, la señalada como presión del gobierno de Estados Unidos, a través de la revocatoria de visas a algunos togados de las Cortes Constitucional y Suprema, supuestamente por temas que tendrían incómodos al gobierno Trump. En esencia, la posición de la Corte Constitucional sobre no permitir la fumigación con glifosato, la negación de la extradición de 'Santrich' y el análisis del alto tribunal a la votación en el Senado sobre las objeciones presidenciales a la referida Ley Estatutaria de la JEP.
Trascendió que los magistrados Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Alberto Rojas de la Constitucional y el magistrado Eyder Patiño de la Corte Suprema de Justicia se les había revocado el permiso de ingreso a territorio norteamericano. Frente a este hecho el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda hizo pública su posición, “Esas presiones y chantajes son un atentado directo contra nuestra soberanía y exigen que el Gobierno y el presidente Duque se pronuncien de una manera tajante solicitando respeto para nuestra soberanía”.
En la otra orilla, el presidente del Congreso y senador del partido de gobierno, Centro Democrático, Ernesto Macías, también fijó su posición. “Señalar al Presidente Iván Duque de supuesta “complicidad” en asuntos de la soberanía de EE.UU. (visas) es un despropósito e irrespeto. Al contrario, sin inmiscuirse, transmitió a la embajada las preocupaciones de los magistrados”.
A su vez, el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández señaló que, “cada Estado es autónomo para definir a quién recibe y a quién no en su territorio. Pero los magistrados no pueden depender de la visa para fallar de manera independiente y en derecho. No les debe preocupar sino su sagrada función, que han de ejercer sin compromisos”.
Los pronunciamientos de todos los sectores del país conllevaron a que la embajada de los Estados Unidos emitiera un comunicado, en el que informó, “bajo la ley de Estados Unidos, los expedientes de visas son confidenciales. No comentamos sobre casos de visas individuales. El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas, basándose en información que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visas”.
Tras bambalinas en las cortes parece tener claro quién estaba ejerciendo presión sobre representantes del gobierno americano en Colombia frente a algunos magistrados de los altos tribunales, a través de las visas. Una versión cobra mayor fuerza entre varios magistrados consultados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, todos coinciden en señalar a una exaspirante a ocupar una alta magistratura y quien tiene cercanía con funcionarios del gobierno Trump en Colombia. Además, la perciben próxima al ala fuerte del uribismo. A esta teoría se suma la contundencia de los hechos.
Otra ficha integra el ajedrez político y jurídico. Fuentes le aseguraron a esta Agencia que el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno confinado en un penal en los Estados Unidos, el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, así como otros extraditados, le estarían entregando a las autoridades de ese país información valiosa sobre otros magistrados y exmagistrados que habrían participado en actuaciones dudosas.
De hecho, cuatro días atrás, el presidente de la Sala de Casación Penal, Eyder Patiño, de quien se rumoraba le habían cancelado la visa, se pronunció a la salida de un evento de la justicia en Cartagena. El togado advirtió que, “eso no va a amilanarnos. La corte siempre ha tenido una posición enhiesta (recta) a nivel social (...) siempre ha sido quien marque el derrotero ético y moral, pese a los sobresaltos que ha habido”, le dijo a los medios de comunicación.
Unas declaraciones que entregó días antes de conocerse que la Comisión de Acusaciones había ordenado compulsar copias en contra del propio Patiño por haber sido señalado por Moreno como parte del ‘cartel de la toga”. También se supo que la visa del magistrado fue cancelada dieciocho meses atrás y no fue un hecho reciente, cómo se dijo en un inicio.
Entre tanto, un asunto no menor se venía cocinando a fuego lento. Se trataba del debate que se vive al interior de las Corte Suprema, sobre solicitarle la renuncia al fiscal Néstor Humberto Martínez. La incomodidad de los togados surgió por el coletazo de casos como Odebrecht y Mattos, que minaron la confianza en el funcionario. Magistrados de la Sala Penal, Civil y Laboral le manifestaron a la Agencia de Periodismo Investigativo, API, que la Sala de Casación Penal estaría a favor de retirar del cargo a Martínez, apoyado por algún sector de las Salas Civil y Laboral de la Corte. Un asunto, entre otros, que se discutiría en la sala de este jueves 16 de Mayo.
Sin embargo, sucedió otro hecho, que aunque estaba más que anunciado, coincidió con la turbulencia de gobernabilidad, política y judicial que afronta el país. Se trata de la decisión tres votos a favor y dos en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de no autorizar la extradición de 'Jesús Santrich', solicitado por una corte de Estados Unidos por presuntamente concertarse para el envío de 10 toneladas de droga.
Un caso que tiene varios vasos comunicantes. El excomandante de las Farc, fue capturado con fines de extradición el 9 de abril de 2018, atendiendo una circular roja de la Interpol que pesaba en su contra. Con su aprehensión se generó un conflicto de competencias entre la Fiscalía y la JEP, que al final, dirimió la Corte Constitucional. El alto tribunal estableció que el ente acusador “tenía competencia para ordenar la captura con fines de extradición y conocer de las controversias suscitadas en relación con la misma”. En cuanto a la JEP, determinó que esta continuara evaluando el asunto “para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”.
En otras palabras, el conflicto recayó en determinar la fecha en la que se cometió el delito, pues a partir de esta, el tribunal de paz establecería si procedía o no su extradición, dependiendo de si los hechos fueron antes o después de la firma del proceso de paz.
Un hecho sin presentes en la historia reciente del derecho penal, pues era la primera vez que un juez o tribunal colombiano requería a la justicia de Estados Unidos para remitir las pruebas en contra de un ciudadano solicitado en extradición. En efecto, la extradición es una orden de comparecencia a un tribunal extranjero por lo tanto todo el debate probatorio se da en ese país. En Colombia solo se verifica la identidad de la persona, que los hechos por los que sea requerido la persona sean considerados delito en el país que requiere y en Colombia y que la persona no hubiera sido condenada por los mismos hechos. Esta es la primera vez que se realizaba un procedimiento diferente al establecido en la ley penal y de procedimiento penal, explicó un abogado consultado por esta Agencia.
Otro elemento al que se le realizó un debate nacional fue el envío de la solicitud de pruebas por parte de la JEP a las autoridades de Estados Unidos a través de una carta por la estatal 4-72. Aunque el reproche se centró en que la carta jamás llegó a su destino, no se advirtió la verdadera irregularidad, que consistió en que el ministerio de Justicia, no utilizó los conductos señalados en la norma y en el manual de la Fiscalía, esto es el canal diplomático. Tampoco se pronunció respecto a que lo que solicitaba la JEP, que no estaba consagrado en la ley, es decir, la exigencia de que el país requiriente remitiera pruebas.
El caso 'Santrich' aumentó la polarización del país en los sectores político y judicial. Y se convirtió en objeto de discusión en el Senado cuando se deliberó sobre las objeciones presidenciales al respecto de la ley estatutaria de la JEP, precisamente por el punto de la extradición. En su momento, Néstor Humberto Martínez, en su condición de Fiscal General, le envió una carta al presidente del Senado, Ernesto Macías, advirtiendo que, “delincuentes extraditables” serían los beneficiarios del artículo 153 de dicha norma, ya que permite que los llamados “terceros”, que estén aportando a la construcción de la verdad no puedan ser extraditados”.
En la misiva también agregó que, “es indiscutible que, tratándose de personas que lleguen a estar sometidas al régimen jurídico de la JEP, como investigados o responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad, tienen la obligación de rendir las versiones que correspondan, aun habiendo sido extraditados, al tiempo que al Estado le compete asegurar que así se proceda en garantía de los derechos de las víctimas y de los fines de la justicia transicional”, sin embargo, esta advertencia no tuvo eco en el Congreso.
De otro lado, continuaron las críticas a la JEP a la que muchos sectores han señalado de favorecer los intereses de las Farc. A pesar de ser un tribunal reciente ha estado en la mira por muchos señalamientos. De hecho, recientemente Néstor Raul Correa fue sancionado por la Procuraduría por los permisos de salida del país para ir de vacaciones a varios integrantes de las Farc. También por no marginar de este tribunal a alias 'El Paisa', quien a pesar de los múltiples requerimientos se ha rehusado a comparecer.
Ni siquiera la contratación de la JEP ha estado al margen de la controversia. A finales de marzo, su presidente Patricia Linares, le respondió al presidente del Senado que dicho tribunal no era objeto de control político en el Congreso y por lo tanto no estaba obligada a entregar información sobre contratos y nombramientos de la entidad que tiene un presupuesto de $232.000 millones para este 2019.
Una respuesta que se dio en medio de otro escándalo. La captura por supuestos hechos de corrupción del fiscal Carlos Bermeo y del excongresista y gestor del partido politico Opción Ciudadana, Luis Alberto Gil, en el hotel Marriot de la calle 74 en Bogotá. Un hecho que generó divisiones entre los 51 fiscales y 140 magistrados que integran el tribunal de paz.
Otro de los cuestionamientos al tribunal es que no estaba alejada de los males que sacuden las demás esferas del Estado, las cuotas burocráticas y por lo tanto los conflictos de intereses que estos pudieran generar entre congresistas y otros altos funcionarios del Estado. Por ejemplo se cuestionó la cercanía de Lady Katherine Morales, fiscal de apoyo de la JEP, quien fue señalada de ser cercana al presidente de la Cámara, el liberal, Alejandro Chacón, de quien se dice al interior del Congreso y de la Casa de Nariño se convirtió en la mayor piedra en el zapato del gobierno Duque en la Cámara de Representantes.
Al ser indagado por su cercanía con Morales, el representante Chacón manifestó en su momento que era un intento por menguar su credibilidad en el proceso de las objeciones presidenciales. Es de anotar que en la Cámara de Representantes los votos en contra de dichas objeciones fueron una verdadera aplanadora que no dio lugar a controversias sobre la votación mayoritaria.
Pero este no fue el único caso. La designación como fiscal de la JEP de Gonzalo Pinzon, ex asesor del ministro del Interior, del gobierno de Juan Manuel Santos, Juan Fernando Cristo, tampoco fue de buen recibo. Lo mismo ocurrió con las designaciones de Sandra Yepes e Iván Cortes, magistrados auxiliares del magistrado José Luis Barceló. Lo propio sucedió con Miguel Samper, hijo del expresidente Ernesto Samper, cuestionado por un contrato de $50 millones en el tribunal de paz por dos meses de servicio.
Ni siquiera, la presidente del Tribunal ha estado ajena a los cuestionamientos. Precisamente su nombre saltó a la agenda mediática cuando se cuestionó el nombramiento de Samper porque su hermano Harold Enrique Linares fue director de infraestructura de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, cuando Maria del Pilar Bahamon fue su directora en el gobierno Santos y quien ahora funge como secretaria general de dicho tribunal.
Estos cuestionamientos y la supuesta permisidad con los exintegrantes de las Farc que varios sectores le reprochan a este tribunal, han menguado la credibilidad de la JEP. Y hoy lo es más con la decisión de no permitir la extradición de 'Santrich' por no comprobar la fecha de los hechos. Sin embargo, las magistradas Claudia López y Gloria Rodríguez salvaron su voto. La primera consideró que no era necesario decretar pruebas para determinar fechas y la segunda expresó que la Sección de Revisión invadió una competencia exclusiva del fiscal al ordenar la libertad de Santrich.
Este hecho rebotó en la Fiscalía. Más se demoró el fallo de la JEP en conocerse que Néstor Humberto Martínez en informar que renunciaba irrevocablemente a su cargo. Una decisión que sectores calificaron como de cálculo político. Resultó extraño que no lo hubiera hecho cuando fue citado al Senado a debate de control político, cuestionado por Odebrecht, o también por la muerte de Jorge Enrique Pizano al consumir cianuro. El fiscal, resistió varias marchas en su contra, a los cuestionamientos frente a temas de quienes fueron sus clientes como Carlos Mattos, pero no a la decisión del tribunal de paz frente a Santrich.
No obstante, el senador Jorge Robledo tiene otra interpretación frente a la salida de Martínez, “es una derrota a la corrupción y un triunfo de la lucha ciudadana.Y esa verdad no la va a tapar Martínez mintiendo sobre las razones de su salida del cargo”.
La agitada jornada finalizó con la alocución del presidente Iván Duque, quien en las últimas horas lamentó la renuncia del fiscal Martínez y anunció que respalda la decisión del procurador Fernando Carrillo, de apelar la decisión sobre Santrich. El mandatario además convocó a los partidos políticos para fortalecer la extradición.
Todos estos hechos, en apenas ocho meses de gobierno, empiezan a profundizar la sensación entre la gente que siente que el país esta descuadernado, fuera de control y en crisis en varios sectores. Una situación que para los analistas se puede convertir en gran oportunidad para que el gobierno Duque convoque a los representantes de diversos sectores para redireccionar el camino y pueda cumplir su propósito de unir al país.
