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Corte rechaza solicitud de explicaciones de Unión Interparlamentaria sobre actuaciones judiciales contra el exsenador Álvaro Uribe y el congresista Álvaro Prada.
Por representar amenaza a la Independencia Judicial Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó solicitud de explicaciones de Unión Interparlamentaria respecto a las actuaciones actuaciones judiciales contra el exsenador Álvaro Uribe y el congresista Álvaro Prada.
La Unión Interparlamentaria se declaró competente para indagar la denuncia por cuatro supuestas irregularidades presentadas por el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, en el proceso en su contra por presunto soborno a testigos y fraude procesal, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia respondió a una solicitud que le hizo dicho organismo.
En su declaración, la Sala Penal hace referencia a una comunicación que les envió el Secretario General de la Unión Interparlamentaria, en la que informa que el Comité de Derechos Humanos de esa organización abrió dos casos y decidió admitir para revisión las denuncias de supuestas violaciones a sus derechos, realizadas por Uribe, así como por el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada.
Dichos reclamos de Uribe surgieron por la investigación penal en su contra, que estaba en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hasta que él renunció al Senado, y el proceso pasó a la Fiscalía General. El caso de Prada, investigado por los mismos hechos que Uribe continúa en manos del alto tribunal.
La Unión Interparlamentaria aceptó estudiar el caso y le pidió a la Corte que exponga su posición sobre las acusaciones de Uribe y Prada, haciendo varios cuestionamientos sobre "las acusaciones presentadas por los querellantes".
Ante esto, la Corte decidió no aceptar estos requerimientos, afirmando que por parte de la Unión Interparlamentaria hay una intromisión sobre el poder judicial, pues no tiene competencia para hacer este tipo de consultas, recordando que la Corte Suprema de Justicia es un organismo independiente. Por lo tanto, dijo la Corte, "se abstiene de entablar ese tipo de diálogo, que es ajeno a sus competencias y funciones constitucionales".
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