Países degradados por calificadoras de riesgo en 2024 y 2025: causas y consecuencias

Las agencias calificadoras de riesgo crediticio han desempeñado, desde hace más de un siglo, un papel central en la arquitectura financiera internacional.

Estas entidades evalúan la capacidad de los países y empresas para cumplir con sus obligaciones financieras, en particular el pago de su deuda.

El resultado de esa evaluación es una calificación que resume el nivel de riesgo asociado a prestar dinero a un emisor determinado.

Estas notas, que se asignan mediante escalas estandarizadas, son utilizadas por inversionistas, bancos, organismos multilaterales y gobiernos para tomar decisiones sobre préstamos, inversiones y políticas económicas.

Entre las agencias más influyentes se encuentran Standard & Poor’s (S&P), Moody’s Investors Service y Fitch Ratings, conocidas como las “tres grandes” del sector.

El origen de las agencias de calificación se remonta al siglo XIX, cuando John Moody publicó en 1909 el primer análisis sistemático de bonos de ferrocarril en Estados Unidos.

A medida que las finanzas internacionales se sofisticaron, las evaluaciones de riesgo se convirtieron en una herramienta clave para el funcionamiento de los mercados.

Actualmente, la calificación soberana es una referencia indispensable para establecer tasas de interés, determinar primas de riesgo e incluso condicionar el acceso a financiamiento multilateral.

Las calificaciones crediticias se expresan mediante una combinación de letras y signos que permiten distinguir entre emisores de bajo riesgo (grado de inversión) y emisores con mayores probabilidades de incumplimiento (grado especulativo).

En el caso de S&P y Fitch, las mejores calificaciones son AAA, AA+, AA, y así sucesivamente hasta llegar a las letras B y C, mientras que Moody’s utiliza una nomenclatura que va desde Aaa hasta C. La calificación se acompaña de una perspectiva, que puede ser estable, negativa o positiva, lo cual indica la posible evolución de la nota en el corto o mediano plazo.

Durante los últimos años, las calificadoras han rebajado la nota soberana de varios países, argumentando razones relacionadas con el deterioro fiscal, el aumento del endeudamiento, la desaceleración económica o la inestabilidad política.

En América Latina, además de Colombia, que recientemente fue degradada a BB por S&P y Moody’s, también han recibido rebajas otros países como Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y El Salvador.

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Cada caso tiene sus particularidades, pero en conjunto reflejan tensiones estructurales que se han agudizado tras la pandemia y en un contexto global marcado por mayores tasas de interés, menor liquidez internacional y presiones inflacionarias.

En Bolivia, Moody’s y Fitch han advertido sobre el rápido agotamiento de reservas internacionales y una creciente dependencia del financiamiento interno para sostener el gasto público.

Perú, aunque conserva el grado de inversión, ha visto su calificación deteriorarse desde 2021 por la inestabilidad política y las dificultades del Ejecutivo para garantizar gobernabilidad.

En El Salvador, el uso de bitcoin como moneda legal y la concentración de poder en el Ejecutivo provocaron una rebaja sustancial, aunque recientemente las agencias reconocieron cierta estabilidad fiscal derivada de una estrategia de recompra de deuda externa.

En contraste, los países que ostentan las mejores calificaciones crediticias del mundo comparten una combinación de fortaleza institucional, disciplina fiscal, alto nivel de desarrollo y economías diversificadas.

Entre ellos se destacan Estados Unidos, Alemania, Canadá, Australia, Noruega, Suiza, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Singapur y Luxemburgo.

Aunque sus calificaciones pueden variar ligeramente según la agencia, la mayoría de estos países cuenta con notas en el rango AAA, lo que los convierte en referentes de bajo riesgo para los inversionistas.

Estados Unidos, con un producto interno bruto (PIB) que supera los 27 billones de dólares según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha mantenido por décadas el liderazgo económico mundial, aunque en años recientes ha recibido advertencias sobre su nivel de deuda pública.

Alemania, la economía más fuerte de Europa, tiene un PIB cercano a los 4,4 billones de dólares y mantiene calificación AAA por su política fiscal prudente y su fortaleza exportadora. Noruega, pese a su menor tamaño económico —con un PIB de unos 600.000 millones de dólares—, cuenta con un sólido fondo soberano financiado por los excedentes del petróleo, lo que le permite mantener una calificación excelente y baja exposición a deuda.

Suiza, con un PIB cercano a los 900.000 millones de dólares, también mantiene su prestigio financiero gracias a un modelo basado en la estabilidad y la innovación.

Estos países suelen contar con gobiernos parlamentarios o democracias consolidadas, marcos legales predecibles y estructuras institucionales fuertes.

Además, presentan superávit fiscal o déficits controlados, inflaciones moderadas y alta credibilidad monetaria. Su acceso al financiamiento internacional es amplio y a bajo costo, lo que les permite invertir en infraestructura, salud, educación y desarrollo tecnológico sin presiones inmediatas sobre la sostenibilidad de la deuda.

El contraste entre las naciones con grado de inversión y aquellas que han caído en terreno especulativo es claro en términos de tasas de interés, costo del endeudamiento, llegada de inversión extranjera y estabilidad monetaria.

Mientras los países mejor calificados pueden emitir deuda a plazos largos y con tasas cercanas a cero en algunos casos, los que han sido degradados enfrentan primas de riesgo elevadas y mayor volatilidad en sus monedas.

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