Air-e busca que MinMinas reasigne $158.000 millones para normalizar redes eléctricas en la Costa Caribe

La empresa Air-e Intervenida presentó al Ministerio de Minas una propuesta para evitar la reasignación de $158.000 millones destinados a la normalización de barrios eléctricamente subnormales, amparándose en conceptos jurídicos y jurisprudenciales sobre la subsanabilidad de la garantía de seriedad de la oferta en convocatorias regidas por el Decreto 1073 de 2015.

En total, Air-e ha radicado 27 proyectos con la documentación exigida para acceder a los recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone). Sin embargo, el Ministerio consideró que la expedición de la garantía de seriedad con fecha posterior a la entrega de los planes impedía su habilitación jurídica para recibir los fondos.

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Ante esta situación, la empresa envió una comunicación al director de Energía Eléctrica del Ministerio, ingeniero Víctor Paternina, solicitando que se permita subsanar la entrega de la póliza. De aceptarse, se garantizaría la continuidad del proceso de normalización eléctrica en 27 sectores de Atlántico, Magdalena y La Guajira, beneficiando a 5.768 familias con redes técnicas y seguras, además de soluciones fotovoltaicas que reducirían sus facturas y avanzarían en la transición energética regional.

Air-e argumenta que los riesgos cubiertos por la garantía de seriedad no se configuran antes del cierre del plazo de recepción de ofertas y que, aunque la fecha de expedición sea posterior, los riesgos están asegurados por el periodo de vigencia y el valor exigido por el Ministerio. 

Para superar las diferencias interpretativas, propuso subsanar la garantía y, en paralelo, estructurar una matriz de riesgos que permita estimar y tratar situaciones adicionales.

El Ministerio rechazó la solicitud, invocando una causal establecida en una ley que, según Air-e, no aplica a este tipo de convocatorias. La empresa recordó que pidió prórrogas para entregar la póliza los días 8, 10 y 14 de julio, pero todas fueron negadas. 

Ahora confía en que la autoridad reconsidere su postura y permita asignar los recursos, con el fin de brindar un servicio eléctrico confiable a miles de hogares en zonas con altos niveles de pobreza.

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