Contraloría General cuestiona presupuesto presentado por el gobierno Petro

La Contraloría General de la República realizó un análisis de la situación fiscal y presupuestal del país a junio de 2025 y presentó sus observaciones preliminares al Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026. En este análisis, el ente de control identificó tres grandes preocupaciones que deben resolverse para evitar contratiempos en la correcta ejecución de los recursos del presupuesto:

Metas de recaudo tributario y bajos niveles de ejecución del gasto

Aun cuando el recaudo tributario a junio de 2025 ha sido ligeramente superior al presentado en el mismo período del 2024, se encuentra por debajo de las metas establecidas, con lo cual se puede presentar una desfinanciación del gasto que conllevaría a mayores ajustes presupuestales o mayor endeudamiento.

Según el ente de control, a junio de 2025 el recaudo tributario en efectivo ascendió a $135,4 billones, equivalentes al 44,1% de la meta anual contenida en el PGN 2025 por 307,3 billones.

En comparación con el mismo mes de junio de 2024, el recaudo tributario creció 6,9%, destacándose el crecimiento de los impuestos indirectos (principalmente IVA) con el 11,9%, mientras los impuestos directos (principalmente Renta) crecieron sólo el 2,1%.

No obstante, si se compara con la meta para junio estimada por la DIAN, se presenta una desviación de $12,4 billones por debajo del cumplimiento esperado. Para la Contraloría General, ya hay un rezago importante en el cumplimiento de la meta de recaudo tributario, y espera que se logre aumentar y acelerar en el segundo semestre, apoyado en los tributos que faltan por pagar y en la recuperación económica.

Por otra parte, a la Contraloría le preocupa la ejecución del gasto, pues del total presupuestado sólo se ha obligado el 37,7% a junio de 2025, registro ligeramente inferior en 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024.

Es necesario notar la baja ejecución de los recursos de inversión en 24,2%, faltando un semestre para culminar el año, similar a lo ocurrido en 2024.

De persistir esta tendencia en el gasto, se pueden presentar altos niveles de pérdidas de apropiación y de constitución de reservas presupuestales, como sucedió en la vigencia pasada, reflejando una falta de eficacia en el gasto público que no se traduce en bienes y servicios públicos tan necesarios para el desarrollo del país.

Crecimiento del déficit fiscal en el 2025 y su perspectiva para 2026

Como fue revelado por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se activó la cláusula de escape de la regla fiscal, lo cual se traduce en un mayor gasto y, por tanto, dadas las restricciones de ingreso, aún con una futura reforma tributaria, en un mayor déficit fiscal del Gobierno Nacional Central.

Así, se espera para 2025 un déficit de 7,1% del PIB, superando los límites de la regla fiscal.

El Gobierno activó la cláusula de escape argumentando falta de alternativas fiscales inmediatas. Esta decisión refleja la elevada rigidez del gasto público (92% del PGN es inflexible, según el gobierno) y una apuesta por mantener la demanda agregada mediante gasto público.

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Para 2026, se espera que el déficit fiscal total se reduzca a 6,2% del PIB. No obstante, aunque se anticipa un mayor recaudo tributario gracias a una reforma estimada en $26,3 billones y una reducción del pago de intereses por $10 billones, el déficit primario aumentaría de -1,45% a -1,97% del PIB.

Este deterioro, que ha sido criticado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, preocupa también, ya que no se vislumbra un plan de ajuste para retornar a la senda de cumplimiento de la regla fiscal.

Para la Contraloría, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la actualización del plan financiero de 2026 no incluye un esfuerzo real por contener el gasto público. Aunque se mejora la gestión de la deuda, no se aprovecha esta oportunidad para reducir el gasto de funcionamiento o recortar ciertas inversiones o rubros no prioritarios.

Esto pone en entredicho el compromiso del Gobierno con un verdadero pacto fiscal enfocado en la sostenibilidad a mediano y largo plazo. Frente a la perspectiva de la deuda, para 2025 se estima que la deuda neta será del 61,3% del PIB, superando en 6,3 puntos el ancla fiscal. La estrategia fiscal proyecta un pico de 64% del PIB en 2027 y una reducción gradual hasta 2036.

El órgano de control advierte que la diferencia entre las tasas de interés reales y el crecimiento económico podría dificultar el cumplimiento de esta trayectoria.

Presupuesto 2026 genera incertidumbre

La Contraloría reitera que el proyecto presupuestal para 2026 presenta una alta dependencia de una reforma tributaria aún no aprobada, lo cual introduce riesgos fiscales y presupuestales.

Además, el crecimiento del gasto de funcionamiento sin un plan claro de racionalización preocupa en términos de sostenibilidad fiscal.

Este desbalance, reflejado en un proyecto de presupuesto de gasto por $556,9 billones para 2026 (un aumento del 5,9% frente a 2025) frente a unos ingresos estimados por $530,7 billones, deja un desbalance o desequilibrio implícito de $26,3 billones que se espera cubrir con la reforma tributaria.

Aunque la Contraloría General considera que el proyecto se apoya en supuestos de crecimiento económico, de inflación y tasa de cambio que se pueden considerar moderados, hay observaciones en las estimaciones del recaudo tributario.

Hay contradicciones entre el crecimiento proyectado y la reducción esperada del recaudo tributario de 1,8%, lo que requiere una aclaración por parte del Ministerio de Hacienda, pues no es normal que con una economía con tasas de crecimiento positivo en dos años consecutivos el recaudo tributario caiga.

Se supone un crecimiento económico de 2,7% en 2025 y 3% en 2026. La inflación anual a junio se ubicó en 4,82% y se proyecta en 3,2% para 2026.

El precio del petróleo ha mostrado una recuperación y el tipo de cambio se estima en $4.408 para 2026.

En cuanto a los gastos, el 63% se destinará a funcionamiento, el 18% a servicio de la deuda y el 16% a inversión. El gasto de funcionamiento crece 11,1%, por encima del crecimiento nominal del PIB (6,3%), lo que no refleja un compromiso con la eficiencia del gasto.

Con respecto al pago del servicio a la deuda pública, se encuentra que disminuye en términos absolutos, producto de menores pagos al FMI y operaciones de manejo de deuda.

La Contraloría considera, finalmente, que el país necesita una estrategia integral de responsabilidad fiscal que combine eficiencia del gasto, realismo en los supuestos de ingreso y medidas estructurales para fortalecer el crecimiento económico y la equidad social.

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