Alerta por baja ejecución presupuestal en Agencia Nacional de Tierras, solo se ha usado el 3.83%

La Defensoría del Pueblo, en su informe sobre el análisis del sector agropecuario del país, advierte sobre la baja ejecución del presupuesto que le es destinado. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del 2024, por concepto de inversión solamente llegó al 6,48%, teniendo en cuenta que para el año en curso el sector agro en Colombia cuenta con una apropiación de $8 billones para gastos de inversión, con recursos que son distribuidos en siete entidades del orden nacional.

Llama la atención que la Agencia Nacional de Tierras, entidad con mayor apropiación presupuestal del sector con $4,9 billones, presenta una ejecución de tan solo el 3,83%. La Agencia de Desarrollo Rural alcanza una ejecución del 5,26%. Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entidad rectora de la política pública agropecuaria, llega a una ejecución presupuestal del 9,99%.

Tres proyectos de inversión cruciales

La Defensoría del Pueblo identificó algunos proyectos de inversión que, por su importancia, redundan en mayor medida en la garantía de derechos de la población campesina. 

El primero de ellos es el incremento de la formalización de predios privados rurales: cuenta con una ejecución del 23,42%; el segundo, relacionado con el fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural: alcanza el 13,5%; el tercero, sobre el fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral: únicamente llega al 1,95% de ejecución.

El porcentaje de realización de los tres programas da cuenta de que la principal apuesta gubernamental en materia agropecuaria, la cual ha sido la garantía del acceso a tierras para la población campesina y la formalización de la propiedad agrícola y rural, no cuenta con la efectividad y el ritmo proyectados al inicio del actual Gobierno.

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Preocupación adicional

A la Defensoría del Pueblo también le preocupan los proyectos de inversión relacionados con la generación de ingresos para la población campesina y rural, así como el fortalecimiento del sector agro. 

Por ejemplo, el fortalecimiento cooperativo y asociativo del pilar Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) a través del programa ‘Campo Emprende’, apenas tiene ejecución del 1%, y ese mismo fortalecimiento de la ACFC a través de sus alianzas llega al 3,01% de realización.

A esos dos programas se suman el apoyo para la estructuración y cofinanciación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, cuyo avance en su ejecución alcanza el 6,41%, y la implementación de estrategias de inserción de la población rural a procesos económicos, que llega a un 3,62%.

Los resultados de la ejecución presupuestal refleja que no han sido destinados los suficientes esfuerzos para implementar de manera efectiva los programas y proyectos de inversión dirigidos a la población rural. 

Para la Defensoría del Pueblo, el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional exige de parte de las entidades del sector un ritmo de ejecución mucho más rápido que el que se tiene hasta el momento, especialmente en los programas bandera de Gobierno central, entre ellos, la reforma agraria y rural y la potencialización agroalimentaria del campo.

El documento clave

En el documento de la Defensoría, a disposición de la opinión publica y la ciudadanía en general en el sitio web de la entidad, se consignan tres elementos: la ejecución presupuestal de inversión del sector en los niveles nacional y regional, el balance de los indicadores estipulados en el Plan Nacional de Desarrollo y las recomendaciones a las entidades. Además, es reiterado el llamado a realizar mayores esfuerzos, como condición para seguir afrontando la lucha contra la pobreza que padece el campesinado en el territorio nacional.

Igualmente, debe ser acelerada la ejecución de recursos públicos que permitan el cumplimiento de las ambiciosas metas trazadas por el Gobierno Nacional en materia de compra, entrega y adjudicación de predios y apalancamiento del desarrollo agroalimentario del campo a través de la dotación de activos productivos para la población campesina. El informe defensorial concluye que una gerencia integral efectiva del sector redunda en la garantía de derechos del campesinado.

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