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Colombianos en quiebra: crecen 79 % los procesos en 2025 frente al 2024
Récord de insolvencias en Colombia: 18.749 casos el año pasado.
Durante el año 2025, un total de 18.749 ciudadanos colombianos se acogieron al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante.
La cifra representa un aumento del 79 % frente al consolidado de 2024 y ha sido calificada como la más alta de la última década, según un análisis conjunto realizado por la firma Insolvencia Colombia y la consultora IFI Inteligencia Financiera.
Ambos actores, que trabajan con datos oficiales del Ministerio de Justicia y registros notariales, además de sistemas propios de analítica, advierten que el incremento revela una tendencia estructural y sostenida que excede fenómenos coyunturales.
El documento identifica que el recurso a esta figura legal ya no se restringe a situaciones excepcionales, sino que se ha convertido en un mecanismo recurrente para quienes enfrentan problemas de liquidez, dificultades para renegociar compromisos crediticios o imposibilidad de responder frente a obligaciones adquiridas con entidades bancarias, prestamistas o particulares.
El informe también detalla que en la muestra analizada se combinaron variables extraídas de fuentes oficiales y de una base propia de más de 20.000 casos gestionados directamente por la firma durante los últimos años.
Los factores que explican el crecimiento de la cifra en 2025 obedecen, en primer lugar, a desórdenes en el manejo financiero individual o familiar.
Le siguen causas relacionadas con la pérdida de empleo, condiciones de informalidad en el mercado laboral, insuficiencia de herramientas para planear gastos y administrar ingresos, y una baja apropiación de conceptos básicos de educación económica.
También se identificaron múltiples casos derivados de emprendimientos no sostenibles que generaron sobreendeudamiento y terminaron en cesación de pagos.
Luis Benítez, director de la firma responsable del análisis, señaló que la situación demanda intervenciones urgentes tanto desde el sistema financiero como desde las políticas públicas.
Según sus palabras, el fenómeno pone de relieve las limitaciones que existen para garantizar que los hogares cuenten con conocimientos mínimos en planeación financiera y anticipación de riesgos.
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A su juicio, la informalidad persistente y el deterioro en la estabilidad del empleo figuran entre los principales detonantes del uso creciente de este tipo de procesos, que en años anteriores eran percibidos como excepcionales o como último recurso.
El informe también caracterizó a los usuarios que más recurrieron al mecanismo durante el año analizado. El 58,1 % de los declarantes fueron hombres, mientras que el 41,82 % fueron mujeres.
En cuanto al estado civil, el 42,86 % afirmó estar soltero, mientras que el 57,14 % manifestó encontrarse en unión libre o matrimonio. Esta distribución revela que las afectaciones económicas no responden exclusivamente a un perfil familiar determinado, sino que atraviesan distintas configuraciones del hogar.
El régimen de insolvencia de persona natural fue creado en Colombia para ofrecer una salida legal a quienes, sin ser comerciantes, enfrentan una situación crítica que les impide cumplir con sus deudas.
A través de este instrumento, se busca proteger tanto a los deudores como a sus acreedores, mediante acuerdos de pago viables o la liquidación ordenada del patrimonio, cuando no existe otra alternativa.
Sin embargo, el número de solicitudes presentadas en 2025 sugiere que la figura ya no está limitada a casos excepcionales y está ganando terreno como opción frente al colapso financiero de hogares en condiciones de vulnerabilidad o sobrecarga económica.
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