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Decreto de autorretención del Gobierno Petro pone en riesgo las obras por impuestos para 2026
El adelanto en el cobro del impuesto de renta reduce la capacidad de inversión empresarial y amenaza la continuidad de este mecanismo clave en zonas afectadas por el conflicto armado.

El Decreto 0572 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda Germán Ávila Plazas, ha encendido las alarmas en el sector privado y en las regiones beneficiadas por el mecanismo de obras por impuestos. La norma, que adelanta el cobro del impuesto de renta de 2026, podría frenar de manera drástica la estructuración de proyectos para el próximo año.
El mecanismo de obras por impuestos, creado en 2016, permite a las empresas destinar hasta el 50 % de su impuesto de renta a proyectos de infraestructura, salud, educación y servicios públicos en municipios Zomac y PDET, históricamente golpeados por el conflicto armado. Sin embargo, el adelanto en la autorretención reduce el flujo de caja empresarial y limita la posibilidad de financiar estas iniciativas.
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En departamentos como Antioquia, líder nacional en la ejecución de este tipo de obras, la preocupación es alta. Según empresarios, la medida no solo afecta la planeación financiera, sino que podría dejar sin inversión a comunidades que dependen de estos proyectos para mejorar su calidad de vida.
Gremios como la Andi y la Anif ya habían advertido que la autorretención sería “pan para hoy y hambre para mañana”, ahorcando la liquidez empresarial y comprometiendo el recaudo futuro. Pese a estas advertencias, el Gobierno mantiene el decreto, con el que espera recaudar de forma anticipada 7,8 billones de pesos.
Expertos recuerdan que, en 2023, cuando se aplicó un adelanto similar, varias compañías terminaron pagando de más, quedando con saldos a favor y enfrentando trámites complejos ante la Dian. Esta experiencia ha llevado a que algunas empresas planeen reducir su participación en obras por impuestos o desistir por completo en 2026.
El sector privado espera que las demandas de nulidad contra el decreto prosperen o que el Ministerio de Hacienda presente una alternativa que evite el colapso de un mecanismo que ha canalizado inversiones millonarias hacia las regiones más vulnerables del país.
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