Ecopetrol destina US$5,8 millones para evaluar impacto en EE. UU. de investigaciones contra Ricardo Roa

La junta directiva de Ecopetrol aprobó un contrato por US$5,875,000 con la firma estadounidense Covington & Burling LLP para revisar los posibles impactos legales, financieros y reputacionales que podrían derivarse de las investigaciones en Colombia contra Ricardo Roa Barragán, actual presidente del Grupo Ecopetrol. Según documentos obtenidos por la Unidad Investigativa de El Tiempo, el acuerdo se firmó bajo estrictas cláusulas de confidencialidad.

Covington & Burling, especializada en litigios corporativos y casos de cuello blanco, desplegó en enero pasado un equipo forense en Bogotá. Durante su visita a la sede de Ecopetrol, realizaron 35 entrevistas a altos ejecutivos, recopilaron pantallazos de chats, correos electrónicos y otros documentos internos. El encargo, inicialmente llamado “Operación Casita”, busca evaluar el nivel de exposición legal que enfrenta la empresa por su vinculación con Roa y otros temas sensibles.

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El contrato, cuyo monto original era de US$875.000, fue ampliado significativamente en diciembre de 2024. Según el memorando firmado por Alberto Vergara, director de cumplimiento de Ecopetrol, la junta decidió avanzar con esta auditoría externa luego de que el Comité de Auditoría y Riesgos solicitara revisar los procesos de vinculación de Roa y otros asuntos. Esta decisión se tomó en una sesión del 26 de julio de 2024, a la que Roa no asistió.

Uno de los objetivos centrales del encargo a Covington & Burling es determinar si las investigaciones que enfrenta Roa, entre ellas las relacionadas con la compra de un lujoso apartamento en Bogotá, podrían activar alertas ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York y debe cumplir con la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), así como con normas de la OFAC y el Departamento de Justicia de EE. UU.

De acuerdo con El Tiempo, el apartamento que adquirió Roa poco antes de asumir la presidencia de Ecopetrol está vinculado a una firma offshore relacionada con el empresario Serafino Iacono, exdirectivo de Pacific Rubiales. Aunque Roa ha negado conocerlo, Covington & Burling incluyó este episodio dentro de su análisis. También indagan un posible conflicto de interés vinculado al negocio del bloque petrolero Sinú 9, en Córdoba, donde opera una filial de Ecopetrol.

Además, la firma estadounidense está evaluando las relaciones laborales previas entre Roa y el fallecido empresario William Vélez Sierra, así como los millonarios desembolsos por las plantas Termomorichal I y II, que abastecen el campo Rubiales. Vélez empleó a la pareja de Roa en este proyecto, y aunque el presidente de Ecopetrol se declaró impedido para participar en esa negociación, la operación sigue siendo objeto de escrutinio.

A pesar de las explicaciones que ha ofrecido Roa, tanto públicamente como ante la junta, y del respaldo que ha recibido del Gobierno, persisten dudas dentro de Ecopetrol sobre la percepción que estas investigaciones puedan generar en los inversionistas y autoridades extranjeras. La preocupación aumenta ante las cifras negativas que ha venido reportando la empresa en los últimos trimestres.

Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, Covington & Burling también analiza el informe previo de la consultora Control Risks, el cual advertía sobre posibles riesgos reputacionales. Las conclusiones de esta auditoría externa podrían determinar próximos pasos de la junta directiva de Ecopetrol frente a la permanencia de Roa y el manejo de la relación con los reguladores de Estados Unidos.

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