Estaciones de servicio condicionan al Gobierno Petro para aplicar reducción en el precio de la gasolina

Desde el 1 de febrero de 2026, rige en todo el territorio nacional una disposición del Ministerio de Minas y Energía que ordena una disminución aproximada de 500 pesos por galón en el precio final de la gasolina corriente.

La medida, expedida mediante circular de carácter obligatorio, fue adoptada por el Gobierno como respuesta a ajustes en la estructura de costos del combustible, y ha generado reacciones de advertencia por parte del gremio que agrupa a los distribuidores minoristas del país.

La resolución ministerial establece que las estaciones de servicio, sean grandes cadenas o pequeñas y medianas empresas, deben reflejar la reducción de forma inmediata en todos los canales de comercialización.

Esto incluye surtidores, tableros de precios, sistemas de facturación electrónica, plataformas digitales y reportes al Sistema de Información de Combustibles (Sicom).

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La instrucción prohíbe la permanencia de precios anteriores, la adopción de valores intermedios o la segmentación del ajuste, y contempla sanciones inmediatas ante el incumplimiento.

Como parte del control estatal, el Ministerio anunció el inicio de operativos permanentes de inspección y vigilancia en las ciudades principales, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pasto y Cúcuta.

En caso de encontrar irregularidades, las estaciones pueden ser bloqueadas en el sistema Sicom, lo cual impide la compra y comercialización de combustible.

Asimismo, los casos serán puestos en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, y, cuando haya mérito, de las autoridades penales y disciplinarias.

La organización “Somos Uno”, representante de 6.400 estaciones de servicio en Colombia, manifestó públicamente su preocupación ante los efectos que la medida puede tener sobre la estabilidad económica de las empresas del sector.

Según David Jiménez Mejía, vocero del gremio, el modelo de “compra en firme” que rige las adquisiciones de combustible en las plantas mayoristas implica que los minoristas deben asumir el costo total del producto antes de revenderlo.

Por tanto, obligar a aplicar la baja de precio sin tener en cuenta el inventario adquirido a un valor mayor podría traducirse en pérdidas significativas para muchas estaciones.

Jiménez sostuvo que vender combustible por debajo del costo de adquisición, como exige la medida cuando no se han agotado las existencias previas, afecta con mayor intensidad a las pequeñas y medianas estaciones.

Según el gremio, estas tienen menor capacidad financiera para absorber pérdidas y menos margen operativo para ajustar de manera inmediata sus sistemas logísticos.

“Somos Uno” planteó un conjunto de exigencias que, a juicio del gremio, deben ser tenidas en cuenta por el Gobierno si se busca garantizar una implementación ordenada, sostenible y conforme a la realidad operativa del sector.

Entre las solicitudes se incluye el reconocimiento formal del modelo de “compra en firme”, la consideración de los tiempos reales de rotación de inventario antes de aplicar los nuevos precios al consumidor, y la garantía de que ninguna estación sea obligada a operar con pérdidas.

Asimismo, la organización exigió que los procesos de inspección y sanción se basen en criterios técnicos verificables, y no se orienten únicamente a lo punitivo.

También instó a que los lineamientos oficiales reflejen con fidelidad las condiciones logísticas del mercado minorista de combustibles, y a que haya una coordinación institucional eficaz para evitar confusiones, errores de aplicación y conflictos entre distribuidores y autoridades.

El gremio solicitó finalmente que la sostenibilidad económica del sector se contemple como una prioridad al mismo nivel que la protección de los derechos de los consumidores, y que cualquier decisión normativa se sustente en información técnica y financiera que garantice una transición equilibrada.

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