Negocio de Uber, Didi y otras en Colombia: tiene más de 21 millones de usuarios y 1.2 millones de conductores

Luego que se conociera que el Gobierno Nacional retirara del Congreso de la República el Proyecto de Ley 347 de 2026, iniciativa que pretendía establecer un nuevo marco sancionatorio para fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control en el sector transporte, incluyendo disposiciones que afectaban directamente a las plataformas digitales de movilidad se conocieron cifras de cómo funciona la actividad en el país.

Una decisión fue confirmada por Luis Gabriel Serna, jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte, quien explicó que la medida obedece a la necesidad de introducir ajustes que garanticen mayor claridad normativa y recojan los consensos alcanzados en mesas de trabajo con los gremios transportadores.

La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, y su alcance incluía sanciones económicas, inmovilización de vehículos y medidas específicas frente al uso de plataformas digitales como Didi, Uber y Yango, entre otras.

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Desde su radicación, el articulado generó observaciones por parte de asociaciones de transportadores, voceros de conductores, usuarios de las plataformas y empresas tecnológicas, quienes señalaron que el proyecto podía traducirse en restricciones que excedían el objetivo de controlar el transporte informal o ilegal.

De acuerdo con el contenido preliminar del proyecto, algunas de sus disposiciones eran interpretadas por diversos sectores como un intento de regular o limitar la operación de intermediarios digitales, en un contexto en el que la legislación vigente aún no establece un marco específico para ese tipo de servicios.

Las preocupaciones fueron planteadas en reuniones con representantes del Gobierno y en pronunciamientos públicos en los que se alertó sobre los posibles impactos para miles de conductores que prestan servicios mediante aplicaciones móviles y para los usuarios que acceden a esos servicios en ciudades con déficit estructural en la oferta formal de transporte público.

El jefe jurídico de la Superintendencia de Transporte indicó que la decisión de retiro temporal busca evitar que se consoliden lecturas erradas del articulado y garantizar que la futura propuesta sea resultado del diálogo técnico y político con todos los actores involucrados.

Según explicó Serna, "considerando las múltiples y sincrónicas, erradas interpretaciones de algunos artículos del Proyecto de Ley 347 del 2026, recientemente erradicado en el Congreso, conocido más como régimen sancionatorio del sector transporte, el Gobierno Nacional decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal manera que transmita mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga".

Hasta el momento no se ha establecido una fecha concreta para la presentación del texto reformulado, pero el Gobierno aseguró que continuará promoviendo espacios de concertación con transportadores, empresas del sector tecnológico, expertos en derecho del transporte y autoridades locales, con el fin de construir una versión que permita enfrentar de manera efectiva el transporte no autorizado sin afectar de manera desproporcionada la movilidad urbana y el uso de herramientas digitales.

El Proyecto de Ley 347 de 2026, que el Gobierno Nacional retiró recientemente del Congreso, incluía varios artículos y disposiciones que generaron preocupación entre conductores, usuarios y empresas de plataformas digitales de movilidad. 

Uno de los aspectos más criticados del texto radicado fue el endurecimiento del régimen sancionatorio frente al transporte informal e ilegal.

Se proponían sanciones económicas altas para quienes prestaran servicios de transporte en vehículos particulares sin los requisitos legales, con multas que podrían llegar hasta 4,7 millones de pesos por cada viaje considerado como facilitación de transporte ilegal, así como inmovilización de vehículos por periodos progresivos, de 60 días en la primera infracción, 90 días en la segunda y hasta 120 días en una tercera falta.

Esta parte del articulado fue interpretada como una potencial afectación no solo para conductores asociados a plataformas digitales como Uber, Didi, Yango e inDrive, sino también para los usuarios que usan regularmente estas aplicaciones para movilizarse.

Aunque el Gobierno afirmó que la intención era aplicar estas medidas contra el transporte no autorizado, la redacción del proyecto encendió debates acerca de si podrían alcanzarse también conductores registrados legalmente en estas aplicaciones, así como implicaciones para la operación de las mismas.

Por esta razón, y ante las advertencias de diversos gremios y actores del sector, la administración decidió retirar temporalmente la iniciativa para reformularla y procurar que el texto refleje con mayor precisión los acuerdos alcanzados en mesas de negociación con los sectores implicados.

Según cifras del gremio empresarial Alianza In, en 2024 se registraron aproximadamente 1.28 millones de cuentas de conductores que prestaron al menos un servicio de movilidad a través de aplicaciones en todo el país. Esa cifra representa una base significativa de personas que utilizan estas herramientas como fuente de ingresos.

Las plataformas de movilidad que operan en Colombia incluyen principalmente Uber, Didi, Cabify, inDrive y otros servicios complementarios de transporte de pasajeros o motos, y también hay más de 230.000 cuentas de taxistas vinculadas a estas tecnologías.

El número de usuarios o pasajeros que han utilizado estos servicios en 2024 superó los 21.5  millones de cuentas activas, evidenciando la alta demanda de este tipo de soluciones digitales de transporte en diversas ciudades del país.

La economía generada por estas plataformas también ha sido objeto de mediciones. Estudios independientes realizados con datos de DiDi sugieren que la actividad directa, indirecta e inducida vinculada a su operación en Colombia generó alrededor de 2,9 billones de pesos de valor añadido bruto, lo que equivale a cerca del 0,18 % del producto interno bruto nacional. También se estimó que el valor social total asociado a los beneficios para los usuarios podría alcanzar cifras cercanas a 13.6 billones de pesos, tomando en cuenta los efectos en bienestar y ahorro de tiempo de movilidad.

Adicionalmente, plataformas como Cabify han indicado que, desde su llegada al país en 2015, han generado ingresos acumulados por alrededor de $1.7 billones para más de 250.000 conductores, quienes han movilizado a millones de usuarios en ese periodo.

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