Gobierno negocia prórroga del contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons

El Gobierno Nacional está en negociaciones con la empresa Thomas Greg & Sons para extender el contrato de expedición de pasaportes, que tiene como fecha límite el 2 de octubre de 2024. A pesar de haber explorado alternativas y proveedores internacionales, la administración ha decidido continuar el diálogo con Thomas Greg & Sons, la empresa que ha gestionado este servicio durante los últimos 17 años.

La decisión de reabrir las conversaciones se produjo después de una reunión clave en el despacho de la procuradora Margarita Cabello, en la que participaron el contralor Carlos Hernán Rodríguez, el canciller Luis Gilberto Murillo y la directora de la imprenta, Viviana León. Durante este encuentro, se discutió la implementación de un plan B para asegurar la expedición de pasaportes a partir del 3 de octubre y las estrategias a seguir hasta septiembre de 2025.

Las negociaciones tienen dos objetivos principales: en primer lugar, garantizar que no haya interrupciones en la expedición de pasaportes una vez concluido el contrato actual, y en segundo lugar, abordar la demanda presentada por Thomas Greg & Sons contra el Estado colombiano, que supera los 100,000 millones de pesos, por incumplimiento del contrato anterior. Esta demanda surgió tras la revocatoria del contrato por parte del entonces canciller Álvaro Leyva.

A pesar de que aún no se han definido la duración exacta ni los detalles financieros del nuevo acuerdo, las negociaciones buscan llegar a una resolución en las próximas semanas.

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Contexto de la controversia

El contrato de pasaportes ha estado envuelto en polémica desde que la Cancillería suspendió la licitación en respuesta a quejas sobre la falta de libre competencia. Durante 17 años, Thomas Greg & Sons ha sido el único proveedor de estos servicios, lo que ha suscitado preocupaciones sobre un posible monopolio.

La situación se complicó aún más en diciembre de 2023, cuando Thomas Greg & Sons demandó al Estado colombiano por $117,000 millones tras el fracaso de un acuerdo de conciliación. En febrero de 2024, el presidente Gustavo Petro acusó a José Antonio Salazar, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, de corrupción y de mantener un monopolio de datos privados, lo que llevó a su destitución.

Además, la Procuraduría General suspendió al canciller Álvaro Leyva por tres meses debido a posibles irregularidades en el proceso de licitación. En respuesta a la crisis, Leyva decidió prolongar el contrato bajo la figura de "urgencia manifiesta" para evitar retrasos en la expedición de pasaportes mientras se organiza una nueva licitación.

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