Gremio de la vigilancia privada exige esclarecer 18 licencias exprés tras escándalo de alias Calarcá

Un sector de las empresas de vigilancia privada en Colombia expresó su inconformidad tras el escándalo que involucra a integrantes de las disidencias de alias Calarcá y a altos funcionarios del Estado. Las denuncias por presuntos nexos entre el general del Ejército Juan Miguel Huertas y el entonces director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, detonaron cuestionamientos sobre el manejo de autorizaciones para compañías del gremio.

Las inquietudes fueron encabezadas por Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada (CONFEVIP), quien advirtió sobre la existencia de 18 licencias otorgadas en los últimos cuatro años bajo un procedimiento calificado como “exprés”. Para el dirigente, la magnitud del caso exige respuestas rápidas de la Fiscalía y los organismos de control, debido a la naturaleza sensible de la actividad de seguridad privada.

Díaz insistió en que el sector requiere claridad sobre los criterios bajo los cuales fueron expedidas las licencias: “Necesitamos que la Fiscalía investigue alrededor de 18 licencias exprés que se expidieron en los últimos cuatro años. Por eso requerimos celeridad, investigaciones profundas y conclusiones claras de quiénes están incumpliendo la ley y quiénes estamos cumpliendo la ley”, afirmó.

El escándalo también generó efectos inmediatos a nivel institucional. La Procuraduría General de la Nación anunció la suspensión provisional del general Huertas y de Mejía mientras avanza la indagación por presuntos vínculos con estructuras ilegales. La controversia se intensificó después de denuncias sobre aparentes acercamientos entre los funcionarios y miembros de la facción armada liderada por alias Calarcá.

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Para las empresas afiliadas al gremio, la coyuntura representa un riesgo para la credibilidad del sistema de licenciamiento. Señalan que en una industria donde la idoneidad y el cumplimiento normativo determinan la confianza pública, cualquier autorización irregular afecta no solo a las compañías sino a los usuarios finales de los servicios de seguridad.

Las compañías apelan a que la revisión de las licencias permita distinguir a quienes cumplen las normas de quienes, presuntamente, habrían sido beneficiados sin los filtros reglamentarios exigidos. Aunque la solicitud del gremio ha sido presentada formalmente, hasta el momento no hay información detallada de las autoridades sobre esas 18 licencias.

El llamado de las organizaciones privadas se suma a las decisiones disciplinarias ya adoptadas y a las investigaciones abiertas sobre posibles conexiones con grupos armados ilegales. Mientras la controversia avanza, el sector insiste en que cualquier falla en los procesos de autorización puede comprometer la integridad del sistema de seguridad privada en el país.

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