Gremios piden a la Corte frenar emergencia económica anunciada por el Gobierno tras caída de la tributaria

La intención del Gobierno nacional de declarar un nuevo estado de emergencia económica abrió un fuerte choque con los gremios empresariales, que consideran que la medida no cumple los requisitos constitucionales y solicitaron a la Corte Constitucional frenar el eventual decreto.

El anuncio fue confirmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, luego del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, lo que, según el Ejecutivo, dejó un faltante de $16,3 billones en el Presupuesto General de la Nación para 2026.

Desde el sector privado, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, calificó la declaratoria como “profundamente inconstitucional”, al señalar que no existen hechos sobrevinientes que justifiquen el uso de poderes excepcionales por parte del Gobierno.

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La controversia se intensificó después de que el presidente Gustavo Petro cuestionara públicamente a quienes, según él, se movilizan con rapidez para oponerse a nuevos impuestos, pero no con el mismo énfasis para respaldar reformas sociales relacionadas con salarios, pensiones y derechos laborales.

Mac Master respondió defendiendo el papel de los contrapesos institucionales y advirtió que la emergencia económica desconocería una decisión ya tomada por el Congreso. A su juicio, el faltante fiscal no representa una perturbación grave del orden económico, al equivaler a cerca de 2,9% de un presupuesto total estimado en $546 billones para 2026.

El borrador del decreto conocido hasta ahora contempla un paquete de medidas tributarias que incluiría impuestos al patrimonio de personas jurídicas, IVA a los juegos de azar en línea, un aumento del gravamen a los movimientos financieros hasta 5x1.000, mayores cargas a cigarrillos y tabaco, y un impuesto temporal de 1% a la extracción de hidrocarburos y carbón.

El dirigente gremial también cuestionó que el Gobierno invoque como hechos extraordinarios variables que, según él, eran previsibles, como el aumento del costo de la deuda, los problemas de flujo de caja y la caída en los recaudos, los cuales atribuyó a decisiones de política fiscal del propio Ejecutivo.

En una carta enviada a la Corte Constitucional, Mac Master solicitó que, en caso de expedirse el decreto, se evalúe una suspensión provisional para evitar “perjuicios irremediables” a los contribuyentes y a la economía.

A las críticas se sumó la Asociación Colombiana de Minería (ACM), cuyo presidente, Juan Camilo Nariño, calificó como inadmisible que el Gobierno recurra a estados de excepción para cubrir déficits derivados, según dijo, de una gestión fiscal irresponsable.

La ACM advirtió que insistir en esta figura debilita la confianza en el Estado de derecho, presiona a los sectores productivos y envía una señal negativa a la inversión, por lo que pidió que cualquier discusión fiscal se tramite por las vías ordinarias y democráticas.

Por su parte, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), afirmó que no existe actualmente ningún hecho sobreviniente que justifique una emergencia económica y recordó que los $16 billones que se buscan recaudar representan menos de 3% del presupuesto de 2026.

Pearl sostuvo que el respeto por la Constitución exige que las medidas excepcionales solo se adopten cuando se cumplen estrictamente las condiciones legales, algo que, a su juicio, no ocurre en este caso.

De concretarse, esta sería la décima declaratoria de emergencia económica en los últimos tres años y la cuarta durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, un hecho que mantiene abierto el debate jurídico y político sobre los límites del uso de esta figura constitucional.

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