Nuevo ajuste fiscal del gobierno Petro: recortará 16 billones tras caída de emergencia económica

El presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno implementará un nuevo recorte presupuestal por 16 billones de pesos, en respuesta a la suspensión del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional y en medio de una aguda discusión fiscal con el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

El anuncio fue hecho a través de una publicación en redes sociales, en la que el mandatario respondió a las declaraciones del economista, quien atribuyó parte del actual deterioro inflacionario al incremento del salario mínimo decretado para 2026.

El nuevo ajuste presupuestal se sumará, según indicó el presidente, a dos recortes anteriores: uno por 12 billones de pesos y otro también por 16 billones. De esta forma, el total de recortes presupuestales adoptados durante su administración ascendería a 44 billones de pesos.

El pronunciamiento de Petro tuvo lugar tras la decisión del Banco de la República de aumentar en 100 puntos básicos su tasa de interés de referencia, ubicándola en 10,25 %, una medida más agresiva de lo previsto por los analistas del mercado.

La decisión dividió a la junta directiva del emisor: cuatro de sus miembros votaron a favor del aumento, dos propusieron una reducción de 50 puntos y uno sugirió mantener la tasa sin cambios.

En este contexto, Ocampo señaló que la medida del Banco tiene como objetivo frenar el aumento de las expectativas inflacionarias, pero sostuvo que el verdadero riesgo en materia de precios radica en el incremento del salario mínimo, decretado por el Gobierno Petro en un 23 %.

El exministro explicó que dicho aumento puede generar un efecto en los costos de producción, especialmente en sectores como el agropecuario, lo que a su vez impactaría el comportamiento general de los precios. Añadió que esta presión inflacionaria sería más significativa que la derivada de las decisiones de política monetaria.

Ocampo también cuestionó la falta de señales claras de austeridad por parte del Ejecutivo, y recordó que el Congreso no aprobó las iniciativas de ley de financiamiento presentadas por el Gobierno, lo que llevó al intento de implementar medidas tributarias a través del estado de emergencia económica, ahora suspendido por la Corte.

Para el economista, la única salida viable en este escenario es la reducción del gasto público.

En respuesta directa a estas afirmaciones, Petro defendió la política fiscal de su Gobierno y aseguró que ya se han ejecutado recortes importantes.

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También arremetió contra la gestión de Ocampo durante su paso por el Ministerio de Hacienda y contra decisiones del Congreso y de la Corte Constitucional, a las que atribuyó parte del actual déficit fiscal.

Según el presidente, los recortes anunciados podrían haberse destinado a programas sociales, pero se vieron limitados por errores de diseño económico y por las restricciones impuestas por las altas cortes y la oposición legislativa.

Petro expuso un inventario de factores que, en su criterio, han agravado la situación fiscal del país. Mencionó el “gasto artificial” del subsidio a la gasolina, calculado en 70 billones de pesos, una política que atribuyó a la administración anterior bajo el liderazgo de José Manuel Restrepo y continuada por Ocampo.

También citó el pago de 16 billones de pesos en deuda de corto plazo con el Fondo Monetario Internacional, el costo de la opción tarifaria en energía (6 billones), y el impacto de la deducibilidad de regalías en las industrias extractivas tras recientes fallos judiciales.

El mandatario consideró que decisiones como el adelantamiento de tributos durante el 2023, realizado bajo la gestión de Ocampo, desfinanciaron el presupuesto de 2024.

Criticó también la reducción parcial de la reforma tributaria de 2022 por cuenta de la Corte Constitucional, que a su juicio eliminó recursos por más de 5 billones de pesos anuales.

En su análisis, Petro sostuvo que la política de tasas de interés altas promovida por el Banco de la República podría llevar a una crisis del trabajo productivo al desalentar la inversión y aumentar el costo del endeudamiento.

Afirmó que el Gobierno buscará medidas para enfrentar este escenario, entre ellas, nuevos recortes de gasto que no afectarán la inversión social ni el presupuesto de seguridad.

También mencionó posibles aumentos de aranceles en sectores que no comprometan la canasta básica y medidas para optimizar el perfil de la deuda pública.

Finalmente, el presidente planteó que el camino para revertir la actual tendencia recesiva implica una renovación del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente orientada a garantizar derechos fundamentales en materia de salud, educación y pensiones.

Señaló que el Gobierno, pese a las dificultades fiscales, ha respondido con sensatez frente al rechazo legislativo de sus reformas, y reiteró que los aumentos salariales decretados podrían traducirse en un crecimiento real del ingreso de los trabajadores si la inflación se mantiene dentro de los rangos esperados.

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