Polémica por decreto de MinHacienda que impone retención del 1,5% para Bre-B, Nequi, Daviplata y PSE

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un borrador de decreto que unifica el tratamiento de la retención en la fuente aplicada a pagos electrónicos y con tarjetas, proponiendo una tarifa de 1,5% para las ventas de bienes y servicios canceladas a través de Bre-B, billeteras digitales como Nequi y Daviplata, transferencias inmediatas, PSE, códigos QR y tarjetas virtuales.

El propio portal de MinHacienda describe el objetivo: corregir “el tratamiento dispar” entre transferencias y pagos electrónicos frente a las tarjetas, alineando todos estos instrumentos con la misma tarifa de retención en la fuente del 1,5%.

La norma detalla que la propuesta modifica artículos del Decreto 1625 de 2016 para aplicar retención a pagos hechos vía Bre-B y billeteras.

El contexto técnico es clave para entender el alcance. No se trata de un “nuevo impuesto” al usuario final por cada movimiento, sino de retención en la fuente: un anticipo del impuesto de renta practicado al receptor del pago cuando la operación constituye ingreso gravado por venta de bienes o servicios.

Según Fenalco, el borrador sugiere quién practicaría la retención: el adquirente (comprador) o, cuando exista, el agregador o procesador de pagos, que asumiría el rol de agente retenedor; lecturas especializadas de gremios y firmas contables apuntan en ese sentido y enumeran la tarifa única del 1,5% y el momento de practicarla (pago o abono en cuenta).

En la práctica, operaciones P2P entre personas sin contraprestación de bienes o servicios no encajan en ese supuesto de retención, mientras que pagos a comercios y prestadores sí quedarían sujetos si el decreto se firma como está.

Este matiz —que separa cobros por ventas de simples transferencias— ha sido enfatizado por medios que explican que la idea es equiparar los pagos digitales al régimen que ya conocen las tarjetas.

El momento en que llega la propuesta alimenta la polémica: Bre-B, el sistema interoperable de pagos inmediatos impulsado por el Banco de la República, apenas abrió su operación masiva hace semanas.

El Banco Central describe Bre-B como el sello que identifica la interoperabilidad de los sistemas de pago de bajo valor inmediatos, con transferencias 24/7 entre bancos y billeteras; blogs de entidades financieras y medios han resaltado que el diseño promueve inclusión y reducción del uso de efectivo.

El servicio digital ha sido situado entre los grandes proyectos de modernización de pagos de la región e indicó que, por al menos cuatro años, no tendría comisiones de gestión por su infraestructura, lo que explicaba su rápida adopción.

Justo por eso, voces del comercio y de la tecnología temen que introducir retención sobre pagos digitales enfríe su adopción.

Otros expertos advirtieron que los pequeños comercios podrían volver al efectivo si los pagos digitales “dejan de ser gratuitos”, reduciendo la trazabilidad.

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También insistieron en el golpe a márgenes de micronegocios y en que la tarifa del 1,5% sería única para ventas pagadas por instrumentos digitales, de aprobarse el texto.

Desde el sector empresarial y gremial, el interés se centra en cómo se implementaría la figura del agente retenedor y en la carga operativa para adquirentes y agregadores.

Además el boletín jurídico de Fenalco sobre el proyecto describe que, si el comercio opera con un agregador, este practicaría la retención y, en consecuencia, el adquirente quedaría eximido; también precisa que la tarifa aplicaría sobre pagos o abonos susceptibles de constituir ingreso tributario por ventas o servicios.

Organizaciones profesionales como el INCP (colegio de contadores) han explicado que el decreto busca eliminar el trato preferente que hoy tienen transferencias y pagos electrónicos frente a tarjetas, alineando todo en 1,5%.

Otros analistas consultados señalan que, aunque una retención es un anticipo y se descuenta en la declaración de renta, su efecto de caja inmediata puede ser sensible para negocios pequeños con bajos márgenes y alta rotación, especialmente si la base de retención no distingue por tamaño del contribuyente.

La industria de servicios financieros resalta, por su parte, que Colombia se juega en Bre-B un salto de interoperabilidad comparable a Pix (Brasil) o UPI (India).

Estudios sectoriales ubican a los pagos digitales como motor del ecosistema, y Asobancaria viene insistiendo en la necesidad de acelerar la transformación con menos fricciones frente al efectivo; sus publicaciones recientes muestran la migración de operaciones hacia canales digitales y el reto de no desincentivarlos.

Expertos regionales en pagos advierten que cargar costos o anticipos a canales emergentes puede ralentizar la formalización y la trazabilidad que justamente persigue la interoperabilidad.

A nivel de política fiscal, el borrador se enmarca en un año en que Hacienda ya acudió a ajustes de retención para mejorar la liquidez del fisco en otros sectores, como documentó la prensa con el Decreto 0572 de 2025 para actividades extractivas; la diferencia es que ahora el foco no es sectorial sino transversal al medio de pago.

De ahí que gremios y comercios reclamen claridad sobre los umbrales, exclusiones objetivas (por ejemplo, giros no constitutivos de ingreso, devoluciones, propinas), y los mecanismos de devolución y cruce de retenciones para evitar saldos a favor crónicos en pymes.

Otros analistas resaltan que el texto aún es proyecto, abierto a comentarios, y que su firma —si prospera sin cambios— homologaría en 1,5% la retención para todos los instrumentos digitales cuando exista una venta o servicio detrás del pago.

En síntesis, el borrador de MinHacienda no crea un peaje por “cada transacción” al usuario final, sino que pretende que cuando un comercio o profesional reciba un pago digital por una venta o servicio, se le practique una retención del 1,5% como anticipo de renta, similar a lo que históricamente ocurre con pagos con tarjeta.

El punto álgido del debate no es técnico sino económico: si la medida, al trasladar costos de caja a los receptores de pagos digitales, puede frenar la adopción de Bre-B y la digitalización de pagos de bajo monto, o si, por el contrario, logra la “neutralidad” entre instrumentos sin afectar la masificación.

Las próximas semanas, en el canal de proyectos normativos de MinHacienda, serán decisivas para ver si el texto incorpora salvaguardas para micronegocios, define con precisión los agentes retenedores y delimita operaciones excluidas.

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