Polémico fallo del Tribunal de Arbitramento por obras de la vía Bogotá-Villavicencio

El Tribunal de Arbitramento, en un fallo emitido el 10 de noviembre de 2023, resolvió las diferencias existentes entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Coviandes, relacionadas con los eventos de deslizamiento ocurridos en 2018 y 2019 en la ruta Bogotá-Villavicencio, específicamente en el área del túnel 13 y el puente uno. 

Este fallo marca un hito en la historia de la infraestructura vial colombiana y las relaciones contractuales entre entidades estatales y concesiones privadas.

En su decisión, el Tribunal estableció que Coviandes había cumplido adecuadamente con sus obligaciones contractuales, destacando que las obras en cuestión estaban finalizadas en el momento de los deslizamientos. 

Se destacó que los deslizamientos no se debieron a fallas en las obras, sino a circunstancias hidráulicas fuera del control de Coviandes, enfatizando la ausencia de negligencia por parte de la concesión en el manejo y mantenimiento de la infraestructura.

Lea también sobre otro tema (Video: Armada intercepta semisumergible con más de 1.8 toneladas de cocaína)

Además, el Tribunal rechazó las demandas de la ANI que buscaban asignar responsabilidad a Coviandes por los daños en el túnel 13 y el puente uno. 

El comunicado de la concesión subraya que cualquier reparación o reconstrucción hecha por Coviandes deberá ser compensada económicamente por la ANI, estableciendo un precedente importante sobre la responsabilidad y las compensaciones en contratos de concesión.

Otro aspecto relevante del fallo es la declaración de invalidez de sanciones impuestas por la ANI a Coviandes relacionadas con el puente Chirajara. Se determinó que las acusaciones de incumplimiento contractual no tenían fundamento, ya que la concesión había repuesto al estado lo acordado y aún se encontraba dentro del plazo de entrega del puente.

Le recomendamos leer ("Colombia no comprará armas a países que hayan votado en contra al cese al fuego en Gaza", Petro)

En términos económicos, el Tribunal impuso a la ANI la responsabilidad de cubrir los gastos legales y honorarios derivados del proceso, ascendiendo a la suma de $2.272.875.213. 

Este aspecto del fallo tiene implicaciones financieras significativas para la ANI y establece un precedente en cuanto a la distribución de costos legales en disputas de esta naturaleza.

Finalmente, se mencionó que Coviandes ha transferido la operación y el mantenimiento del corredor a Coviandina SAS, mientras se enfoca en la construcción del nuevo puente Chirajara. Este detalle refleja la dinámica continua y evolutiva de la gestión y administración de infraestructuras viales en Colombia.

En conjunto, este fallo del Tribunal de Arbitramento no solo resuelve un conflicto específico entre dos entidades clave en la infraestructura vial colombiana, sino que también establece parámetros importantes sobre las responsabilidades y obligaciones en los contratos de concesión, así como las consecuencias económicas de los litigios en este sector.

Otras noticias