Senado aprueba ponencia de Presupuesto General de la Nación 2026 por $547 billones pese a fuertes reparos

La plenaria del Senado de la República dio aval, en las últimas horas miércoles a la ponencia positiva del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2026.

La aprobación se produjo tras una jornada de más de siete horas de discusión, en la cual se registraron 50 votos favorables y tres en contra.

El monto total propuesto asciende a 547 billones de pesos, cifra inferior en 10 billones a la versión inicial radicada por el Ministerio de Hacienda.

La votación marca un avance formal en el trámite legislativo de la iniciativa gubernamental, aunque restan etapas clave como la discusión artículo por artículo, en las que se determinará la destinación específica de los recursos por sectores y entidades.

Si bien el Ministerio de Hacienda ajustó la cifra global en el marco de la actual coyuntura fiscal, los cuestionamientos al proyecto se intensificaron tanto por el lado del ingreso proyectado como por las asignaciones contempladas.

Uno de los principales reparos provino de la senadora Angélica Lozano, quien alertó sobre lo que considera un exceso de optimismo en las estimaciones del Gobierno.

Según su intervención, el monto aprobado sigue siendo superior a lo que permitiría la realidad macroeconómica. Lozano llamó la atención sobre los 16 billones de pesos que aparecen dentro del ingreso estimado como resultado de una reforma tributaria que aún no ha sido presentada al Congreso.

Desde su perspectiva, la sustentación del PGN sobre bases inciertas compromete la estabilidad de la ejecución presupuestal.

“El presupuesto está condicionado a una ley que todavía no se ha presentado”, advirtió, lo que pone en entredicho el respaldo legal y financiero de los recursos previstos.

En un tono similar se expresó el senador Efraín Cepeda, quien cuestionó la inclusión de ingresos sin sustento normativo.

Afirmó que la plenaria del Senado está siendo convocada a votar un monto cuya financiación se basa en una iniciativa legislativa inexistente, lo cual implicaría autorizar recursos sin garantías jurídicas.

“Están poniendo al Congreso de la República a aprobar a ciegas 16 billones”, manifestó el congresista conservador.

Las críticas no se limitaron al capítulo de ingresos. El senador Richard Fuelantala focalizó su intervención en el incremento del endeudamiento durante la actual administración, asegurando que la deuda pública pasó de 800 a 1.100 billones de pesos.

Con base en esos datos, estimó que cada colombiano ha incrementado su nivel de endeudamiento individual en aproximadamente 5,8 millones de pesos desde el inicio del actual mandato presidencial.

Este señalamiento introdujo una discusión sobre el manejo fiscal en términos de sostenibilidad y capacidad futura de pago.

El tratamiento sectorial de los recursos también suscitó alertas. El senador Esteban Quintero llamó la atención sobre lo que consideró una desfinanciación estructural en el Ministerio del Deporte.

Mencionó que programas como los Juegos Intercolegiados recibirían solo 24.000 millones de pesos, suma que consideró insuficiente para garantizar su continuidad y alcance territorial.

Según Quintero, la baja asignación pondría en riesgo el apoyo institucional a los entes deportivos locales y la ejecución de eventos de promoción de la actividad física a nivel nacional.

El congresista Miguel Polo Polo fue uno de los tres parlamentarios que votaron en contra del informe de ponencia.

En su explicación de voto, planteó tres argumentos centrales: el primero, que el presupuesto aprobado depende de una nueva ley de financiamiento, lo que a su juicio introduce incertidumbre sobre el monto real que será ejecutado.

El segundo, que se trata de un PGN que califica como insostenible, argumentando que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) habría sobrestimado el recaudo y que el déficit fiscal podría superar los 30 billones de pesos.

Además, citó alertas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre un eventual sobredimensionamiento de las proyecciones de crecimiento económico.

Finalmente, reprochó los recortes presupuestales en sectores como educación, vivienda y deporte, cuya inversión, en su criterio, debería ser prioritaria.

Fuera del ámbito legislativo, también se produjeron comentarios desde centros de pensamiento. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, manifestó sus preocupaciones durante su participación en el XII Congreso de Asofiduciarias.

Según Mejía, existe el riesgo de que el Gobierno opte por expedir el presupuesto por decreto en caso de no lograrse consenso en el Congreso.

Esta posibilidad, advirtió, podría acentuar el déficit fiscal, al tiempo que incrementaría el gasto público sin el respaldo legal y económico adecuado. Sus declaraciones se suman a las voces que han llamado a revisar la estructura del PGN con base en las capacidades reales de generación de ingresos.

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