Afidro alerta que intervenciones en salud ponen en riesgo el suministro de medicamentos para 29 millones de afiliados

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) expresó su preocupación por los efectos que han tenido las intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud en las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), tras conocer los resultados de un estudio elaborado por la Contraloría General de la República sobre el periodo comprendido entre 2019 y 2024.

De acuerdo con el análisis del organismo de control, las medidas administrativas no han logrado corregir los problemas estructurales del sistema de aseguramiento en salud. El informe concluye que el 75 % de las EAPB intervenidas presenta un desempeño catalogado como medio-bajo, sin avances significativos en su sostenibilidad financiera.

Estas entidades concentran la afiliación de 29,25 millones de personas, lo que equivale al 58 % de la población asegurada en Colombia. Para Afidro, el hecho de que más de la mitad de los afiliados dependa de organizaciones con limitaciones económicas y operativas configura un escenario de alto riesgo para la continuidad del suministro de medicamentos y otros servicios esenciales.

El gremio señaló que las dificultades financieras de las EAPB impactan de forma directa la cadena farmacéutica, especialmente en el caso de pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo, quienes requieren tratamientos continuos y oportunos. Según Afidro, los problemas de liquidez afectan la compra, distribución y dispensación de medicamentos en todo el país.

El estudio de la Contraloría incluyó un modelo econométrico que evalúa la probabilidad de una crisis sistémica en el sector. De acuerdo con ese ejercicio, el riesgo pasó del 30 % en 2019 al 49,5 % en 2024 y podría alcanzar el 60,4 % en 2026. Para Afidro, estas cifras reflejan una fragilidad creciente del sistema de aseguramiento en salud.

En este contexto, la asociación destacó la decisión de un gestor farmacéutico de suspender la prestación de servicios a la Nueva EPS a partir del 1 de enero, hecho que consideró una señal adicional del deterioro operativo de las entidades intervenidas. A juicio del gremio, la salida de un proveedor especializado evidencia restricciones severas en la capacidad de pago de algunas aseguradoras.

La Contraloría también documentó que las EAPB bajo medidas administrativas acumulan deudas por 9,3 billones de pesos con la red de prestadores. En varios procesos de liquidación, los gastos administrativos superan el 50 % de los recursos disponibles, lo que reduce de manera sustancial los fondos destinados a la compra de medicamentos y a la financiación efectiva de los servicios de salud.

A esta situación se suma un incremento del 70 % en la cartera vencida, factor que, según Afidro, limita la operación de proveedores y operadores logísticos encargados de la distribución de medicamentos, presionando aún más la cadena farmacéutica.

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El presidente ejecutivo de Afidro, Ignacio Gaitán, afirmó que la suspensión de servicios a la Nueva EPS confirma las advertencias que el sector ha venido haciendo sobre el deterioro del sistema. Indicó que el retiro de un operador de la cadena de suministro es una señal de pérdida de capacidad de pago y de inviabilidad operativa.

Gaitán también advirtió que detrás de los indicadores financieros hay consecuencias directas para los usuarios, como interrupciones en tratamientos oncológicos, falta de medicamentos para pacientes crónicos y escasez de insumos para el personal de salud.

En el componente de liquidaciones, el informe oficial revela que de 3,05 billones de pesos en cuentas por cobrar de entidades liquidadas, solo se ha recuperado el 6,07 %, equivalente a 185.000 millones de pesos. Aunque la mayoría de estas entidades reporta altos niveles de cumplimiento en sus planes, los pagos efectivos apenas oscilan entre el 35 % y el 40 % de las obligaciones.

El documento también da cuenta de deudas por 770.000 millones de pesos con Empresas Sociales del Estado, lo que ha afectado su funcionamiento, la adquisición de insumos y la contratación de personal, especialmente en regiones donde predominan las redes públicas de atención.

Ante este panorama, Afidro pidió al Gobierno nacional adoptar soluciones financieras urgentes que permitan garantizar la continuidad de los servicios y evitar mayores afectaciones en la cadena de suministro de medicamentos. Además, reiteró la necesidad de definir de manera adecuada la Unidad de Pago por Capitación y de asegurar transiciones ordenadas para los usuarios cuando se presenten cambios en los operadores farmacéuticos.

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