Abren indagación contra Beatriz Gómez, esposa del minSalud, por presunta presión indebida en contrato

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presuntamente ejercer presión indebida para la firma de un convenio en la Superintendencia Nacional de Salud, donde actualmente se desempeña como funcionaria.

Así lo confirmó el procurador general, Gregorio Eljach, quien explicó que la entidad tomó la decisión de iniciar la investigación desde el pasado jueves, tras conocerse los primeros indicios de la denuncia. 

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"Se ha ordenado iniciar unas indagaciones preliminares desde el jueves de la semana pasada que tuvimos la primera noticia. Hay que esperar que avance la recopilación de elementos probatorios, y se tomará la decisión que haya que tomarse", declaró Eljach.

La denuncia fue revelada por el periodista Daniel Coronell y gira en torno a un convenio por $55.000 millones para la compra de un buque hospital que prestaría servicios médicos a comunidades apartadas del Amazonas. Aunque la gestión del contrato correspondía directamente al Ministerio de Salud, Gómez habría intervenido de manera directa, ordenando la firma del convenio sin tener asegurada la disponibilidad de los recursos para su ejecución.

Según la investigación periodística, varios funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia, donde se ejecutaría el proyecto, advirtieron sobre la inviabilidad financiera del mismo. Entre ellos, la agente interventora Lina Baracaldo y el asesor jurídico Mario Castro alertaron sobre los riesgos económicos que implicaría adelantar el contrato sin garantías claras, advirtiendo incluso que podría comprometer la estabilidad de la institución hospitalaria.

La situación habría escalado el pasado 27 de marzo, cuando, según la revista Cambio, Gómez Consuegra llamó directamente al asesor jurídico Mario Castro para exigirle que firmara de inmediato el contrato. En la llamada, habría amenazado con presentar su renuncia si no se acataba su orden, en un acto que podría configurar una falta disciplinaria grave.

El procurador fue enfático en que, por el momento, no se ha abierto una investigación formal contra Gómez, quien funge como superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud, pero advirtió que se revisará con detalle la información revelada por la denuncia antes de tomar cualquier decisión de fondo.

El caso ha despertado preocupación en sectores políticos y de control, pues pone en entredicho la transparencia en la gestión de millonarios recursos públicos destinados a atender a comunidades vulnerables. La Procuraduría continuará con la recopilación de pruebas y testimonios clave para esclarecer si hubo o no una extralimitación de funciones o presión indebida en el proceso contractual.

La indagación preliminar no implica todavía una sanción, pero abre la puerta a una eventual investigación disciplinaria formal, dependiendo de los hallazgos que se obtengan en las próximas semanas.

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