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Alias el Mocho Olmedo estuvo 55 días oculto en un hotel de Bogotá con protección estatal sin orden judicial
La Dirección Nacional de Inteligencia resguardó al segundo jefe del Frente 33 de las disidencias de las Farc, Willington Henao, durante casi dos meses, lo que generó alarma en la Corte Suprema y preocupación en Estados Unidos.
Willington Henao Gutiérrez, alias el Mocho Olmedo y segundo cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, fue resguardado durante 55 días en un hotel de Bogotá por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), sin que mediara una orden judicial. El hecho, que se conoció tras una alerta emitida por la Corte Suprema de Justicia, ha generado un fuerte debate institucional y diplomático.
Capturado por el CTI el 12 de febrero de 2025, Henao no fue enviado al pabellón de extraditables de La Picota, sino trasladado a un apartamento en Chapinero. Según documentos revelados por Noticias Caracol, la DNI justificó esta decisión por “motivos de seguridad nacional”, impidiendo incluso que los funcionarios judiciales conocieran su paradero. El director de la DNI, Jorge Arturo Lemus Montañez, habría impedido entregar información sobre el lugar de reclusión, alegando protocolos de seguridad.
La situación tomó un giro aún más complejo al conocerse que Henao había sido designado por el Gobierno como delegado en la mesa de paz, motivo por el cual se le habrían suspendido temporalmente sus órdenes de captura. No obstante, la Corte Suprema cuestionó duramente el procedimiento y envió una comunicación a la fiscal Luz Adriana Camargo solicitando explicaciones formales.
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La magistrada calificó como “sin precedentes” el tratamiento recibido por Henao, quien era requerido por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.
El Gobierno estadounidense ya expresó su incomodidad ante el manejo del caso, lo que podría tensar aún más la cooperación judicial bilateral. Aunque Henao fue finalmente trasladado a La Picota el 8 de abril, el misterio en torno a su paradero durante casi dos meses sigue sin resolverse, dejando interrogantes sobre la coordinación entre Fiscalía, DNI y el Ejecutivo en medio de la política de “paz total”.
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