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Caen tres integrantes de red trasnacional de tráfico de migrantes que operaba desde Medellín y San Andrés
La Fiscalía imputó cargos a los implicados, quienes usaban rutas aéreas para enviar migrantes a Centroamérica y Estados Unidos.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres presuntos integrantes de una red trasnacional de tráfico de migrantes que habría estado operando desde octubre de 2024, movilizando ilegalmente personas desde Medellín hasta San Andrés, para luego enviarlas hacia Centroamérica y Norteamérica.
Los capturados fueron identificados como Jamer Antonio Álvarez, Maythee Kiara Gordon Restrepo y Karina del Carmen Marsiglia Zambrano. Un fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada les imputó los delitos de tráfico de migrantes, secuestro simple, cohecho por dar u ofrecer, circulación y uso de efecto oficial de sello falsificado, y concierto para delinquir.
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Según la investigación, Álvarez Sierra, presunto cabecilla de la red, coordinaba y supervisaba toda la logística del tráfico de migrantes. Se le atribuye la manipulación de procesos migratorios, incluyendo el estampado de sellos falsos en pasaportes en Medellín. Además, habría ofrecido sobornos a funcionarios públicos para evadir controles y mantenía comunicación con otros miembros de la red para ajustar vuelos y rutas, alertando sobre posibles operativos.
Karina Marsiglia, por su parte, estaría encargada de gestionar el alojamiento y manutención de los migrantes en el archipiélago de San Andrés y Providencia, así como de coordinar escalas, transbordos y demás detalles logísticos. La implicada aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
Maythee Gordon Restrepo, conocida bajo el alias de “Luisa González”, presuntamente tenía como función la compra y modificación de tiquetes aéreos para trasladar a los migrantes sin levantar sospechas. También se le acusa de ordenar la distribución de alimentos y de mantener retenidas a las víctimas en condiciones de encierro con candado durante el traslado.
Los tres procesados fueron capturados en operativos de allanamiento y registro realizados en San Andrés, con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con la Policía adscrita a la Embajada de Estados Unidos. A todos se les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
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