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Fiscalía habría ignorado alerta sobre plan para asesinar a Miguel Uribe Turbay
Documento revelado por Semana demuestra que un recluso habría advertido sobre un complot que atentaría contra su vida y la de otros líderes políticos.
Un documento oficial revelaría que la Fiscalía General de la Nación habría ignorado una alerta sobre un plan de asesinato contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, trece días antes del atentado que le costó la vida en Bogotá.
De acuerdo con Semana, la advertencia fue enviada el 26 de mayo de 2025 por un recluso de alto perfil en la cárcel de Itagüí, Antioquia. El informe señalaba un complot para ejecutar atentados contra varios líderes de la derecha, entre ellos Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Jota Pe Hernández, Federico Gutiérrez, Claudia Carrasquilla y Abelardo de la Espriella. Según la información, las guerrillas Farc y Guerrillas del Pacífico habrían destinado ocho millones de dólares para la operación.
Pese a la gravedad de los datos, la información no habría sido trasladada ni a la Policía ni al esquema de seguridad de Uribe Turbay. Una segunda alerta, emitida el 3 de junio desde Montería, tampoco habría sido atendida con eficacia.
La concejala Claudia Carrasquilla denunció que la omisión constituiría “una negligencia gravísima que logró cobrar la vida de nuestro senador” y pidió la renuncia de la directora seccional de fiscalías en Medellín, Esperanza Amaya Pascuas.
Mientras la Fiscalía sostiene que no encontró registros de la advertencia, la Alcaldía de Medellín insiste en que el documento estuvo en poder de un fiscal durante casi dos semanas.
Las investigaciones, que desde un inicio consideraron el hecho como un atentado político, establecieron que el pago por el ataque ascendió a 20 millones de pesos. Hasta ahora han sido capturadas seis personas, entre ellas Élder José Arteaga, alias El Costeño, acusado de coordinar el crimen.
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La familia de Uribe Turbay también responsabilizó al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por no reforzar el esquema de seguridad, a pesar de múltiples solicitudes. Según su abogado, Víctor Mosquera, al menos veinte peticiones de aumento de protección fueron negadas. El propio Rodríguez admitió que “siete escoltas y dos vehículos blindados no son suficientes para un precandidato presidencial”.
La Fiscalía citó a Rodríguez para explicar las falencias en el esquema de seguridad, mientras la sociedad exige justicia y garantías para que tragedias como esta no se repitan.
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