Caso Claudia Julieta Duque: condenan a exdirector del DAS, Giancarlo Auque

El Juzgado 10 Penal de Bogotá ordenó la expedición de una circular roja de Interpol para la búsqueda y captura internacional de Giancarlo Auque De Silvestri, exjefe de Inteligencia del DAS, uno de los procesados en el caso de persecución ilegal y tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque. Con esta decisión, ya son nueve los exfuncionarios condenados por su responsabilidad en los hechos, ocurridos tras la investigación que la reportera adelantó sobre el asesinato del humorista Jaime Garzón.

Hasta ahora, han sido sentenciados por su participación en los actos de acoso y tortura psicológica contra la comunicadora: Jorge Armando Rubiano, exsubdirector de Desarrollo Tecnológico, y Hugo Daney Ortiz, exsubdirector de Operaciones de Inteligencia, ambos en 2014 tras aceptar cargos. Un año después, en 2015, fue condenado Carlos Alberto Arzayúz, exdirector de Inteligencia.

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Más recientemente, en 2023 la justicia profirió condena contra Enrique Ariza Rivas, exdirector de Inteligencia. En agosto de 2024 fue sentenciado José Miguel Narváez, en un proceso que actualmente está en segunda instancia. También fueron hallados responsables Néstor Pachón Bermúdez y Emiro Rojas Granados, cuyos fallos se encuentran en etapa de casación.

El exdetective Ronal Harbey Rivera Rodríguez había sido condenado en 2024 por el Tribunal Superior de Bogotá; sin embargo, en mayo pasado fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia, pese a estar acusado de participar en tortura agravada continuada contra la periodista. 

Ante esto, el 20 de agosto la defensa de Duque presentó una tutela contra la decisión de la Corte, argumentando que no se les permitió interponer recurso de casación.

En un comunicado, Claudia Julieta Duque advirtió que la asimetría procesal generada por la figura de la impugnación especial debe ser corregida. Aunque recordó que había anunciado su retiro de la lucha activa por justicia, enfatizó que no guardará silencio frente a lo que considera una vulneración de sus derechos constitucionales en favor de los responsables.

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